Ciudad de México, 27 sep. (AMEXI).- Científicos de la UNAM, de otras entidades de educación superior del país y organismos de la sociedad civil presentaron una evaluación y soluciones socioambientales para México rumbo al 2030, resaltando los rubros de agua, vegetación, residuos y energía.
Entre sus principales propuestas socioambientales destaca reemplazar la Ley de Aguas Nacionales con una Ley General de Aguas; reconocer la importancia de la biodiversidad; actualizar el sistema de gestión de servicios forestales; retirar el carácter preferente a la minería; contar con una Ley General de Plaguicidas.
Además, formular e instrumentar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión de los Residuos. Estas se encuentran incluidas en la Agenda Socioambiental 2024: Diagnósticos y propuestas.
La investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora del documento Leticia Merino Pérez, junto con Cecilia Navarro, titular de la colectiva Cambiémosla ya, presentaron la iniciativa.
Propuestas
Omar Arellano Aguilar, profesor e investigador de la ENCiT, propuso reemplazar la Ley de Aguas Nacionales por una Ley General de Aguas; poner fin a la venta de concesiones, al sobreconcesionamiento y reconocer derechos de núcleos agrarios.
También planteó que deben garantizarse reservas para terminar con fugas y huachicoleo, así como aplicar programas de restauración en presas.
De la Universidad de Guadalajara, Enrique José Jardel Peláez detalló el problema de la deforestación con la pérdida de 676 mil a 251 mil hectáreas al año.
Propuso mejorar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y fortalecer la evaluación de megaproyectos turísticos, agropecuarios, energéticos, mineros y de infraestructura, por ejemplo.
María del Coro Arizmendi Arriaga, de la FES Iztacala, aseguró que es necesario elaborar una Ley General de Plaguicidas; crear un sistema nacional de información y vigilancia intersectorial sobre su empleo; prohibir el uso en las campañas de salud pública, y apoyar una estrategia integral de control de vectores con participación ciudadana.
Lee: En Chiapas creció la violencia contra defensores de Derechos Humanos de los ambientalistas
Beatriz Olivera, directora de la organización civil EnGenera, destacó que debe limitarse la extracción de petróleo y gas en los campos con menor gasto energético y disminuir el impacto ambiental.
Asimismo, agregó que habría que buscar el máximo ahorro de energía en la transformación, distribución y uso final de los combustibles fósiles, y emplear las energías renovables locales.
Manuel Llano, director de CartoCrítica, señaló que en la actividad minera falta diseñar un marco regulatorio que limite el consumo de agua de laboreo; acortar la duración de las concesiones; establecer un límite para la superficie a concesionar, y prohibir las técnicas de alto riesgo e impacto ambiental, como es la minería a cielo abierto, entre otras medidas.
Nancy Merary Jiménez Martínez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, precisó que, en materia de acciones socioambientales, en particular el rubro de residuos, urge conformar un Sistema Nacional de Información en la materia; legislar sobre medidas de reducción y eliminar su uso en el ámbito federal; y regular, controlar y verificar el etiquetado “ecológico” de envases y embalajes.
