En un debate que reflejó la profunda polarización entre los grupos parlamentarios, el Congreso del Estado de México aprobó la despenalización del aborto antes de las doce semanas de gestación.
Se precisó que con esta legislación se atiende un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucionales las penas de prisión en esta materia.
A pesar del avance histórico, legisladoras de diferentes partidos advirtieron que las reformas quedan incompletas al no contemplar modificaciones al Código Administrativo y al Código Civil para garantizar el acceso pleno a los servicios de salud y recursos que respalden el ejercicio de este derecho.
La aprobación convierte al Estado de México en la entidad número 18 en despenalizar el aborto, un paso simbólico en la lucha por los derechos de las mujeres, pero que aún enfrenta retos legales y operativos para garantizar su plena efectividad
Posturas encontradas en el Congreso
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Zaira Cedillo Silva celebró la aprobación como un paso significativo en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres.
«Se trata de un tema de salud pública que deja atrás estigmas y creencias; es un acto de justicia que pone en el centro la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos», afirmó.
Sin embargo, las fracciones del PAN y el PRI mostraron una actitud crítica. Los legisladores panistas Pablo Fernández de Ceballos y Anuar Azar Figueroa calificaron la reforma como «incompleta e injusta», al carecer de un presupuesto que asegure su implementación.
También rechazaron que la entidad estuviera obligada a seguir la resolución de la SCJN y negaron que las mujeres sean encarceladas por abortar.
Por su parte, las diputadas del PRD y PT, Aracely Casasola Salazar y Ana Yurixi Leyva Piñón coincidieron en que la aprobación representa un logro fundamental, pero señalaron la urgencia de adecuaciones complementarias en materia de salud, educación y asistencia social.
Leyva Piñón anunció además la presentación de una iniciativa que abarcará estas áreas.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes, destacó que la composición actual del Congreso, con más mujeres legisladoras, permitió superar las resistencias que durante años frenaron este avance.
«El cambio no fue sólo de números, sino de voluntad política», subrayó.
Cambios legales y limitaciones
La reforma establece que ya no será delito abortar antes de las doce semanas de gestación y precisa criterios específicos para casos posteriores a este periodo, como violación, riesgos para la vida de la mujer o un aborto resultado de una acción culposa.
No obstante, el aborto voluntario después de las doce semanas seguirá siendo sancionado, al igual que la intervención de terceros con consentimiento, con penas que van de cinco a diez años de prisión y multas de hasta 400 días.
Las sanciones se agravan si se emplea violencia física, psicológica, obstétrica o negligencia médica, o si el procedimiento es realizado por personal de salud.
Faltan reformas estructurales
Aunque la despenalización es un avance significativo, la ausencia de reformas al Código Administrativo y Civil deja en la incertidumbre la provisión de servicios de salud y recursos para garantizar el acceso pleno a este derecho.
Esto, según especialistas, podría derivar en una implementación desigual y limitada en una entidad con altos niveles de desigualdad y rezago en infraestructura sanitaria.
