La Cámara de Senadores aprobó en lo general y particular la reforma al artículo 19 de la Constitución, que considera la extorsión, tráfico de fentanilo y falsificación de comprobantes fiscales como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Con 94 votos a favor y 34 en contra, el dictamen alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aval, por lo que se envió a los congresos de los estados para los efectos constitucionales que correspondan.
La asamblea rechazó las reservas de modificación del proyecto del PAN, PRI, MC y Morena; de esta manera, los artículos reservados fueron avalados en los términos del dictamen.
Durante el debate, que se desahogó en seis horas y media, Morena, PVEM y PT recalcaron que estos cambios permitirán proteger a la ciudadanía de delitos que han aumentado en los últimos años.
Lee: Desaparecer organismos autónomos, aprueban en comisiones del Senado
En cambio, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron que la prisión preventiva oficiosa atenta contra los derechos humanos.
Oposición criticó; Morena defendió
El panista Marko Cortés afirmó que la prisión preventiva oficiosa solo servirá para consolidar la persecución política, además de que socavará la presunción de inocencia.
Claudia Anaya, del PRI, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México a modificar la prisión preventiva oficiosa, porque violenta la presunción de inocencia, se debe utilizar de manera excepcional, debe de ser la última opción de las medidas cautelares a usar.
La emecista Alejandra Barrales indicó que esta reforma anula el derecho de las personas de ser juzgadas ante cualquier señalamiento, y lamentó que con el voto de la mayoría se instaure en México la prisión preventiva automática.
Por Morena, Lucía Trasviña defendió la prisión preventiva, al señalar que es una medida para proteger a las víctimas, mientras que las nuevas disposiciones constitucionales cerrarán la puerta a la impunidad y evitarán que quienes cometen delitos graves sigan dañando a las comunidades.
Por el PT, Geovanna Bañuelos destacó que con esta reforma se fortalecen las disposiciones para enfrentar delitos de alto impacto como la extorsión, que en los últimos años muestra un incremento “alarmante”; según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2022 se registraron más de 10 mil casos de este ilícito.
