En la madrugada de este jueves, el Congreso de la Ciudad de México fue el primero en aprobar la reforma a la Constitución para imponer prisión preventiva oficiosa a quien cometa los delitos de extorsión, uso de comprobantes fiscales falsos y tráfico de fentanilo.
Con 43 a favor, 17 en contra y cero abstenciones, el pleno de diputados locales avaló la modificación al artículo 19 constitucional, al considerar que representa un paso contundente en la lucha contra los delitos que atentan directamente contra el bienestar y la paz de la población.
Además, señalaron que es un acto de congruencia de Morena con las demandas ciudadanas de mayor seguridad y justicia, coincidieron las y los diputados de ese partido en el Congreso de la Ciudad de México.
La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, aseveró que esta modificación constitucional es una respuesta necesaria y proporcional ante un contexto criminal que exige contundencia por parte del Estado mexicano.
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Dijo que la prisión preventiva de carácter oficioso es una medida excepcional que permite al Estado contener de manera inmediata a quienes representan un grave peligro para la sociedad.
Explicó que al ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, se da respuesta a las legítimas demandas del pueblo ante la criminalidad que lo ha lastimado.
Resaltó que este tipo de prisión preventiva no es una condena, sino una medida cautelar que se aplica cuando la fiscalía presenta pruebas suficientes, como lo expuso la presidenta Claudia Sheinbaum.
En contra del dictamen
Del PRI, Omar García expresó su preocupación al considerar que la reforma criminaliza la pobreza y vulnera los derechos humanos, ya que ninguna persona debería ser considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad.
El panista Ricardo Rubio calificó la reforma como regresiva y señaló que su propósito podría ser el encarcelamiento de opositores, algo que calificó de autoritario. Rubio también criticó que, aunque el senador morenista Ricardo Monreal presentó reservas para excluir ciertos delitos como la defraudación fiscal, estas no prosperaron.
De su lado, la diputada panista Olivia Garza advirtió que la reforma podría tener efectos adversos, como el aumento de la población carcelaria con personas acusadas de delitos menores, lo que podría contribuir a la profesionalización de delincuentes dentro de las prisiones y, eventualmente, fortalecer al narcotráfico.
