Crisis de Seguridad en Oaxaca, realidad o mito. El 2 de enero Génesis Keylani Sánchez Mancilla de 12 años de edad en inmediaciones del paraje Hondura del Aire, San Miguel Panixtlahuaca se reportó en calidad de desaparecida.
Gracias a las brigadas que organizó la comunidad y la colaboración de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el estado de Oaxaca, el 5 de enero pudo ser localizada entre los límites de Panixtlahuaca y Santiago Jocotepec.
La desaparición de la niña Keylani despertó preocupación sobre la situación de la seguridad en el estado de Oaxaca, a razón de las estadísticas en el 2024, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reconoce 181 personas desaparecidas de las cuales 2 son por desaparición forzada (https://fge.oaxaca.gob.mx/index.php/incidencia-delictiva).
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Por su parte, la Comisión de búsqueda sostiene que han sido localizadas solo 19 personas; por lo que la localización de Keylani es motivo de alegría ya que es de las pocas estadísticas positivas en la entidad.
ONG acusa manejo de cifras engañosas sobre desaparecidos
El Colectivo Oaxaqueño Buscando a los Nuestros no se fía de las cifras oficiales y va más allá apuntando que la cifra por año podría ser mayor a los mil desaparecidos, tomando en cuenta que muchos familiares por diversas circunstancias deciden no denunciar los hechos.
Los casos de desaparición forzada de Claudia Uruchurtu (26 de marzo 2021), Irma Galindo (27 de octubre2021) y Sandra Domínguez (4 de octubre 2024) generan incertidumbre en cuanto a la capacidad de este gobierno para dar con sus paraderos, hacer justicia y llevar a buen puerto la política interna.
Las confrontaciones entre distintos grupos y sectores de la sociedad en Oaxaca, han llegado al grado de desaparecer a personas como forma habitual de arreglar diferencias; lo grave es que en estos hechos están señalados personajes como Lizbeth Victoria Huerta y Donato Vargas, ambos políticos ligados al gobernador Salomón Jara y el partido Morena.
Preocupante la cifra de homicidios
Otras cifras preocupantes son los 939 homicidios dolosos y 18 feminicidios, que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) aunque organizaciones civiles como EDUCA AC y Consorcio para el Dialogo Parlamentario han sido críticos respecto a las cifras posiblemente maquilladas.
A pesar de estar tipificada la ejecución extra judicial en Oaxaca, esto no aminora la carga de violencia hacia militantes de organizaciones sociales:
La sección XXII del SNTE-CNTE en su última Asamblea Estatal denunció las agresiones e intimidación de la que son objeto el profesor José Antonio Altamirano miembro de su Comisión Política; en noviembre del año pasado Adriana y Virginia integrantes del MULT fueron asesinadas con ellas sumaron 22 asesinatos políticos desde la firma del acuerdo de paz el 4 de mayo de 2022.
A ellos se suman asesinato de Mario Hernández transportista del FPR en Tlaxiaco el 15 de junio y Palemón V.C. del CIPORFM en marzo.
Desdén del gobierno ante crisis de inseguridad
La actitud de Jesús Romero –Secretario de Gobierno– al ser cuestionado por la prensa sobre los índices de inseguridad en Oaxaca ha sido de desdén, minimizar lo que pasa, argumentando que son campañas de propaganda en contra del gobierno de la “Primavera oaxaqueña”
Pero algo es real, las cifras preocupan a la población, de continuar así la situación es posible que esto se vuelva un polvorín y cuando los oaxaqueños se lo proponen prenden la mecha.
