Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), denunció este martes un caso de corrupción en la Fundación ISSSTE, A. C., relacionado con el uso indebido de recursos y la ocupación irregular de espacios dentro de hospitales y clínicas del instituto.
En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, Batres reveló que entre 2017 y 2018 la fundación recibió 27 espacios dentro de unidades médicas del ISSSTE, incluyendo mil 200 metros cuadrados destinados a cafeterías y máquinas expendedoras de café, sin cumplir con trámites administrativos ni contratos formales.
De esos espacios, al menos 15 fueron arrendados a terceros, generando ingresos que no entraron a las arcas del ISSSTE.
Asimismo, señaló que la fundación obtuvo oficinas dentro del complejo San Fernando sin autorización ni convenio, lo que, en sus palabras, evidencia cómo se favoreció a este organismo privado durante el periodo neoliberal.
Cinco millones de pesos sin rastro
Batres también expuso que en 2017 la administración del ISSSTE entregó 5 millones de pesos a la Fundación ISSSTE para la compra de sillas de ruedas, prótesis y auxiliares auditivos. Sin embargo, no hay evidencia documental que demuestre que estos recursos fueron utilizados para tales fines.
“La única constancia de actividad de esta fundación fue la entrega de un aparato dermatológico a un hospital, casi nueve años después”, precisó el funcionario.
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Recuperación de espacios ocupados por la Fundación ISSSTE
Desde mayo de 2023, el ISSSTE inició acciones legales para recuperar los espacios ocupados por la fundación, logrando a finales de ese año la restitución de aquellos que no habían sido subarrendados.
En agosto de 2023 se obtuvo una condena al pago de daños y perjuicios, y en febrero de 2025, se presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Anticorrupción.
Batres calificó este caso como un “ejemplo representativo del proceso de privatización y saqueo de instituciones públicas” que, aseguró, ocurrió durante el periodo neoliberal, cuando funcionarios crearon asociaciones privadas para desviar recursos públicos.
El ISSSTE continuará con las acciones legales para esclarecer este caso y recuperar lo que, según Batres, “pertenece a los trabajadores del Estado y no a intereses privados”.
