Por Javier Macías García
Los esfuerzos para garantizar alimentos y bebidas saludables en los planteles educativos serán insuficientes, si no se aborda el problema de manera integral. Los gobiernos, de los distintos niveles, y las organizaciones civiles, preocupadas del tema, se han enfocado en prohibir la venta de productos chatarra en las escuelas. Pero han omitido concientizar a las madres y padres de familia.
Por ejemplo, la Alianza por la Salud Alimentaria, que se preocupa por la epidemia de sobrepeso y obesidad en México, desarrolló la campaña mediática “Escuelas saludables Ya”, que es un llamado a las autoridades para implementar acciones sostenidas en las comunidades escolares para que se cumpla con la ley, que prohíbe la venta de “comida chatarra” en los planteles, a partir del 31 de marzo.
Para la alianza, el gobierno tiene la obligación ética y moral de aplicar, vigilar y evaluar los nuevos lineamientos para la preparación, distribución y oferta de alimentos y bebidas en todas las escuelas de educación básica, media superior y superior.
Para transformar los espacios educativos en saludables e impactar positivamente en el derecho a la alimentación adecuada, asegura, las escuelas solo pueden vender alimentos saludables y ya no pueden vender productos ultraprocesados y tampoco realizar cualquier acción publicitaria.
Hasta ahí está bien. De hecho, muchas escuelas de educación básica, antes de la entrada en vigor de la ley, modificaron sus cooperativas escolares y privilegiaron la venta de productos saludables. Tomaron conciencia a partir del regreso a clases, luego de la pandemia del Covid-19.
Por supuesto, hay escuelas que se resisten a dejar de vender dichos productos. A la fecha hay más de 16 amparos de las industrias contra la aplicación de la ley.
De acuerdo con los datos de la Alianza por la Salud Alimentaria, las niñas y los niños consumen hasta 550 calorías extras de estos productos en un día escolar, lo que puede generar un aumento de peso. Actualmente uno de cada cuatro niñas, niños y jóvenes viven con sobrepeso y obesidad, además 50% desarrollarán diabetes en la edad adulta, por el consumo de productos ultraprocesados y las bebidas endulzadas.
Por ello, hace un llamado al gobierno mexicano para aplicar, vigilar y evaluar los nuevos Lineamientos para la preparación, distribución y oferta de alimentos y bebidas en todas las escuelas del país.
La nueva ley ha dividido a las madres y padres de familia. Algunos manifiestan su acuerdo con evitar la venta de “alimentos chatarra” en las escuelas. Pero otros se oponen rotundamente.
Muchas madres y padres de familia, por sus diversas ocupaciones, no tienen tiempo para preparar alimentos saludables para que consuman sus hijos durante el recreo. Por lo que, para salir del paso, les ponen productos ultraprocesados.
En las escuelas, quizá no en todas, el personal docente revisa las mochilas para evitar el ingreso de la “chatarra” a los centros educativos.
El tema llegó a la “Mañanera del Pueblo”. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se aplicarán multas ni sanciones económicas a los tutores que envíen estos productos con sus hijos.
“Al padre de familia no le castigaremos, pero hay que hacer énfasis en que no se debe hacer por el bien de la salud de su hijo. Exhortamos a que no lleven papitas fritas, ni refrescos, hace mucho daño a la salud. De vez en cuando a lo mejor una”, señaló la jefa del Ejecutivo Federal.
Sheinbaum también exhortó a los padres a fomentar una alimentación saludable, sugiriendo el consumo de frutas y agua de sabor en lugar de productos ultraprocesados.
Pero fue un solo llamado. Para reforzar la estrategia de los interesados, es necesaria una campaña de difusión permanente, concientizando a las madres y padres de familia, para que envíen a la escuela a sus hijas e hijos con alimentos saludables. Y, sobre todo, que se evite el consumo en casa o en la calle en días y horas en que las niñas, niños y jóvenes no asisten a clases.
Será todo un reto, en particular, por la resistencia de las empresas que comercializan dichos productos y las acciones legales que emprendan en contra. De otra manera, el no consumo de “comida chatarra” se quedará sólo en los espacios escolares y los problemas de salud, que pretenden evitar, continuarán y, es probable, se agravarán.
