Pese a todos los pronósticos en contra, el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo consiguió de una jueza federal la suspensión indefinida de su detención, promovida por las autoridades federales que lo acusan de múltiples delitos.
A diferencia de cuatro de sus colaboradores cercanos, Silvano Aureoles evitó su detención por medio de una resolución de la Jueza Novena de Distrito en materia penal, Jovita Vargas Alarcón, quien sentenció que el político deberá presentarse a una audiencia el próximo 20 de agosto ante el juzgado del Reclusorio Oriente en la Ciudad de México.
Asimismo, la jueza Jovita Vargas ordenó que para mantener la suspensión de su captura, el exgobernador deberá depositar una garantía de un millón de pesos en un plazo máximo de cinco días.
Silvano Aureoles tenía una órden de captura por los delitos de peculado (desviación de recursos), operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y administración fraudulenta, por el desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la edificación de siete cuarteles en el estado durante la administración que encabezó del 2015 al 2021.
FGR demandará a jueza que ordenó la suspensión de la orden de captura de Silvano Aureoles
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) describió como “escandalosa” la protección de la jueza Jovita Vargas al exgobernador Silvano Aureoles, y adelantó que interpondrá a la brevedad una denuncia penal en su contra por violar el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En este sentido, la FGR explicó que el exmandatario de Michoacán no se presentó a su primera audiencia programada para el pasado 9 de mayo, sin embargo, la jueza dejó por comparecido al político y le dio una nueva audiencia dentro de tres meses, lo cual de acuerdo al Código anteriormente mencionado, debe ser 15 días después.
Asimismo, el órgano de justicia indicó que la orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles tenía que ser ratificada, misma que la jueza suspendió “legalmente, brindándole una protección que es notoriamente parcial e injusta», sentenció la FGR en un comunicado.
