Congreso de Baja California exige justicia en caso Geshet: advierten riesgo de liberación del acusado
El Congreso de Baja California emitió un llamado urgente a las autoridades judiciales para actuar con diligencia en el caso de Víctor Hugo “N”. El exlíder del grupo religioso “Geshet” está acusado de pederastia, abuso sexual y trata de personas contra niñas y adolescentes.
Diputada alerta riesgo de impunidad ante omisiones procesales
La diputada Michel Sánchez Allende, impulsora del exhorto aprobado por el Pleno, advirtió que el proceso penal está en riesgo de quedar impune si no se actúa con rapidez. Alertó sobre la posibilidad de que el imputado recupere su libertad, debido a que se encuentra por concluir el plazo de prisión preventiva sin que haya sentencia.
“Este exhorto busca evitar que las víctimas enfrenten a su presunto agresor en libertad”, declaró. “Sería una nueva agresión institucional si no se actúa con responsabilidad y con enfoque de derechos”.
Exigen justicia con perspectiva de género e infancia
El exhorto fue dirigido al magistrado Alejandro Fragozo López, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y a la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez. Se les pidió garantizar que el proceso se conduzca bajo los principios de no revictimización, con perspectiva de género, enfoque diferenciado y respeto al interés superior de la niñez.
El caso penal se encuentra asentado en el expediente NUC 0202-2023-01153 y otros relacionados, en los que se documentan los testimonios de múltiples sobrevivientes que acusan a Víctor Hugo “N” de haber cometido abusos sistemáticos durante años dentro de la organización religiosa.
Testimonios revelan abuso sistemático y manipulación espiritual
Según lo expuesto en tribuna, las víctimas fueron captadas y sometidas desde edades tempranas. Entre ellas, destaca el testimonio de Aylisch Carrillo Bragal, quien señaló haber sufrido abuso sexual, violencia simbólica y aislamiento bajo el liderazgo espiritual del acusado.
“Las denunciantes han relatado que vivieron años de abusos bajo amenazas de castigos divinos y exclusión del grupo”, señaló la diputada Sánchez Allende. Muchas sobrevivientes continúan siendo víctimas de hostigamiento, incluso después de interponer sus denuncias, lo que incrementa el temor frente a una posible liberación del agresor.
El grupo Geshet, fundado por Víctor Hugo “N”, operaba como una comunidad cerrada, con estructuras de poder que mezclaban creencias religiosas y control social, dificultando la denuncia por parte de las niñas y adolescentes afectadas.
El caso Geshet debe ser un llamado a no repetir patrones de impunidad
Sánchez Allende subrayó que este caso no debe tratarse como uno más dentro del sistema de justicia estatal, sino como un expediente emblemático de violencia estructural y abuso de poder.
“No podemos permitir que por omisiones procesales se ponga en libertad a un presunto agresor serial”, sostuvo. “Este caso debe analizarse con ‘gafas violetas’, con perspectiva de género y con el compromiso institucional de que habrá justicia para las víctimas”.
La mayoría de los legisladores aprobaron el exhorto, lo que marca una postura institucional del Congreso frente a los casos de violencia sexual con componentes sectarios o religiosos. Legisladoras y legisladores coincidieron en considerar que es necesario erradicar la impunidad y proteger a las víctimas. Advirtió que esto no sólo debe estar en el discurso, sino convertirse en acciones concretas del Poder Judicial y del Ministerio Público.
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Colectivos y familiares siguen en espera de una sentencia
El caso Geshet ha sido seguido de cerca por organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y colectivas de acompañamiento a víctimas. Desde 2023, han denunciado el lento avance judicial, la falta de perspectiva de género en la investigación y el trato negligente de algunas autoridades ministeriales.
“Cada día que pasa sin sentencia representa un acto de violencia institucional”, declaró recientemente una vocera del colectivo que acompaña a las denunciantes. “La justicia tardía es también una forma de revictimización”.
Por ahora, el proceso judicial continúa sin resolverse y persiste el riesgo de que Víctor Hugo “N” quede libre sin condena. Esa condición mantiene en alerta a las familias y a los colectivos que exigen justicia.