Empresarios y distribuidores de gas en el país alistan un paro nacional a principios de junio próximo, en protesta por las bajas tarifas de ese combustible que están congeladas desde 2021.
Ante ello, solicitaron la intervención del Senado de la República para mediar con la titular de la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González.
Afectaría a miles de familias en el país
Empresarios y distribuidores de gas señalaron a senadores la importancia de buscar una solución y evitar este paro nacional de gaseros que afectaría a millones de familias en el país.
Se expuso que un paro de las compañías gaseras afectará al 76% de los hogares del país.
Aseguraron que el llamado Gas Bienestar es un fracaso rotundo, por eso las compañías gaseras de todo el país ultiman detalles para un paro nacional de labores durante la primera semana de junio.
Falta de respuesta
Explicaron que esa medida es por la falta de respuesta del gobierno federal a su demanda de ajuste tarifario en el precio del gas LP.
Los operadores legales de gasolina, diésel, electricidad y gas LP hicieron un llamado a senadores para mediar con Luz Elena González y entablar un diálogo que permita alcanzar acuerdos con la industria.
Imposición de precios
Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dio a conocer que uno de los principales retos que atraviesa el gas LP es la imposición de precios por parte del gobierno, que no considera los costos reales de distribución.
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«Esto pone en riesgo la continuidad del servicio y genera impactos negativos en el sector», señaló.
Mencionó como ejemplos la reducción en la cobertura de la distribución, la expansión del mercado ilegal y la pérdida de empleos directos.
Tarifa de distribución
La Coparmex destacó que debido a que la «Tarifa de Distribución» representa hasta el 50% del precio final del gas LP, cualquier ajuste debe basarse en criterios técnicos y económicos que aseguren la sostenibilidad del servicio.
El control artificial de precios puede llevar a desabasto, disminución de la inversión y un crecimiento de los mercados informales, lo que vulnera la seguridad de los consumidores.
