Ante las propuestas tan, pero tan cuestionables de Morena y rémoras en el Congreso de la Unión, la oposición vuelve a alzar la voz y esta vez, diputados del PRI fueron enfáticos al señalar:
“Que no quede duda, el Gobierno federal está militarizando al país, pretende una dictadura ‘cuatrotera’ que no podemos avalar, pues está demostrado que es una estrategia fallida que no soluciona nuestros problemas de violencia” y por esa razón, los legisladores priístas Emilio Suárez, Arturo Yáñez y Alejandro Domínguez, votaron en contra del dictamen de la Guardia Nacional.
No hay que soslayar que, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, éste le entregó todo el poder a los militares, cuando antes, cuando el tabasqueño era oposición, se manifestó ampliamente en contra de lo que ahora es una realidad que nadie puede negar: la militarización del país.
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A nombre de los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI, los legisladores, durante la discusión en la Comisión de Justicia, fueron contundentes al señalar que los gobiernos de Morena optaron por la militarización en lugar de apostar por una estrategia que fortalezca a las fuerzas civiles de seguridad, razón por la cual, los legisladores del tricolor seguirán insistiendo en el fortalecimiento de las policías estatales y municipales.
Y es que a todas luces es preocupante que se faculte a la Guardia Nacional para que pueda vigilar diversos sitios de Internet, a que revise las comunicaciones y conversaciones de las y los ciudadanos.
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Esto no sería más que otro capítulo en la ley mordaza y la censura Morena y sus rémoras quieren imponer en esta errada y llamada cuarta transformación, ahora en su segundo piso y ejemplos de esta situación hay varios, si no, que le pregunten a los gobernadores de Puebla y Campeche, respectivamente, Alejandro Armenta y Layda Sansores, uno que expropia, eso sí, “con todo cariño y respeto”, y la otra que se dice acosada, políticamente hablando, por un reconocido periodista local.
Agregaron Emilio Suárez, Arturo Yáñez y Alejandro Domínguez que, con el control del Poder Judicial, se abre la puerta a la instauración de un Estado policiaco, que vigile y persiga a quienes no coinciden con el régimen, es decir, a buena parte de la población.
Asimismo, los priístas advirtieron que esta reforma es violatoria de derechos humanos, al permitir que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas y de usuarios simulados.
También, subrayaron que se ahonda en el desmantelamiento del federalismo, ya que la federación, mediante convenios de colaboración, podrá apropiarse de los recursos que los estados y municipios utilizan para la seguridad de las y los mexicanos.
“Quieren una represión total, disfrazada, enmascarada”, hicieron hincapié los legisladores priístas, al tiempo que señalaron que “no hay control parlamentario, ni límites efectivos; por el contrario, se profundiza en una lógica que otorga más poder al Ejecutivo para usar las Fuerzas Armadas sin contrapeso”.
Lo cierto es que México, desafortunadamente ya se encuentra sin contrapesos y en camino al autoritarismo, gracias al partido Morena.
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MUNICIONES
*** De alguna manera sobre este mismo tema, comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República, avalaron la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal.
Se registraron 23 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y seis abstenciones del PAN, PRI y MC.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, explicó que la reforma tiene como propósito fundamental garantizar la estabilidad de nuestro sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional.
La reforma, añadió, amplía el alcance de la ley para incluir expresamente la prevención del financiamiento al terrorismo y refuerza la obligación de identificar al beneficiario controlador, asegurando transparencia sobre quien realmente controla o se beneficia de las operaciones, además de establecer un enfoque basado en riesgo, diferenciando cargas regulatorias según el nivel real de riesgo.
En este sentido, hay que recordar que históricamente se ha dicho que la estrategia en contra del narco tráfico, es pegarle en la línea de flotación de las finanzas, pero hasta ahora, no se ha logrado mucho que digamos.
Esta vez, ¿lo conseguirán? Se supone que, en esta ocasión, el oficialismo sí escuchó las propuestas que diversas organizaciones expresaron en el parlamento abierto, y entidades como:
La Asociación de Bancos de México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, el Colegio Nacional de Correduría Pública, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y la World Compliance Association, entre otras.
