Con 297 votos a favor, 37 en contra del PRI y 87 abstenciones del PAN y Movimiento Ciudadano, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o ley antilavado, así como modificaciones a los artículos 11 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal.
La iniciativa, impulsada por Morena y sus aliados, busca fortalecer el combate al lavado de dinero mediante la ampliación del catálogo de “actividades vulnerables”, como el desarrollo inmobiliario, el uso de activos virtuales y los fideicomisos.
Asimismo, la incorporación de nuevas facultades para la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en tareas de investigación financiera.
Los puntos controversiales
Uno de los puntos más controvertidos fue la inclusión del concepto de “personas políticamente expuestas”, definido como cualquier persona que haya ocupado un cargo público en México o el extranjero, así como sus allegados.
Legisladores de oposición advirtieron que esta redacción ambigua podría abrir la puerta a vigilancia discrecional y persecución política.
“No podemos estar de acuerdo con una definición tan amplia que podría incluir a familiares, amigos o asesores”, expresó el diputado panista Héctor Saúl Téllez.
Desde el oficialismo, la diputada de Morena, Karina del Río Zenteno, defendió la reforma como un paso firme para “cerrar el paso al dinero sucio”, mientras que su compañera del Partido del Trabajo, Maricarmen Bernal, afirmó que “ni un peso más para el crimen organizado”.
La minuta fue aprobada sin pasar por comisiones, bajo el argumento de “urgente y obvia resolución”, lo que también generó críticas por parte de legisladores que exigían mayor deliberación.
El debate continuará en lo particular, donde se discutirán reservas clave sobre los alcances de la vigilancia y la protección de derechos fundamentales.
La reforma responde, en parte, a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este año evaluará a México en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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