México se prepara para implementar un sistema de identificación que cambiará por completo la manera en que las autoridades y particulares reconocerán a los ciudadanos: la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica.
Aunque el gobierno de la Cuarta Transformación la presenta como una herramienta de modernización administrativa y de fortalecimiento en la seguridad pública, voces especializadas advierten que su diseño actual carece de contrapesos legales y puede derivar en violaciones a los derechos humanos fundamentales.
Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derecho a la información, acceso a la justicia y privacidad digital, ofreció su análisis en entrevista con Amexi, y advirtió que la nueva CURP mezcla objetivos legítimos con riesgos serios en la forma de tratar y resguardar los datos personales.
¿Qué es la CURP biométrica y por qué se implementa?
La CURP biométrica será una identificación nacional obligatoria que incluirá datos personales y biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial e imagen del iris.
Esta información se almacenará en una plataforma centralizada bajo el control de la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Registro Nacional de Población (Renapo).
“La CURP tradicional nunca pudo asumir el papel de una cédula de identidad oficial, por eso durante años la credencial del INE ha suplido ese vacío, aunque el INE no tiene legalmente facultades para acreditar la identidad de las personas. La CURP biométrica busca ahora llenar ese espacio”, explicó Villanueva.
Pero más allá del orden administrativo, uno de los objetivos de este nuevo sistema es permitir la identificación precisa de personas desaparecidas o fallecidas, así como reforzar las tareas de investigación y seguridad del Estado.
“Cuando se trata de desaparición forzada o identificación forense, tener datos biométricos puede marcar una diferencia enorme. Pero el problema no es la tecnología, sino cómo se usa y quién accede a ella”, subrayó el investigador.
Uso discrecional y falta de controles
Uno de los puntos más polémicos es la amplia discrecionalidad con la que las autoridades podrán acceder a esta base de datos, sin necesidad de una autorización judicial previa.
“En países democráticos, el acceso a bases de datos biométricos está regulado por mecanismos estrictos de vigilancia judicial o por órganos garantes de protección de datos.
En México, en cambio, no hay una instancia independiente que supervise este uso. La ley reformada permite que distintas instituciones públicas, incluso privadas, puedan integrar o consultar esta base sin filtros claros”, señaló el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Esto, abundó, podría abrir la puerta a un uso con fines distintos a los previstos en la ley: vigilancia política, persecución, discriminación o control social, sin que existan mecanismos efectivos de rendición de cuentas o sanción ante abusos.
Los antecedentes que alimentan la desconfianza
México arrastra un historial preocupante de filtraciones de datos personales, incluso en instituciones de alta sensibilidad.
Villanueva recordó varios casos como la vulneración a la base de datos del INE en 2016, con la filtración de documentos confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el hackeo conocido como Guacamaya Leaks y la publicación de datos personales de periodistas que cubren la fuente presidencial.
“Ninguna de esas filtraciones ha tenido consecuencias. No hubo detenidos, no se deslindaron responsabilidades y no se repararon los daños. Es difícil confiar en que un sistema tan sensible como el de la CURP biométrica estará verdaderamente protegido”, advirtió.
¿Cómo será el proceso y qué implicaciones tiene?
El nuevo documento será obligatorio y su implementación será gradual. A diferencia de la credencial para votar -que sólo se tramita al cumplir 18 años-, la CURP biométrica incluirá a toda la población, incluyendo menores de edad y personas privadas de la libertad.
Esto implica que cualquier persona, para realizar trámites, acceder a servicios públicos o incluso comprar un bien, podría estar obligada a presentar este documento, generando una nueva forma de exclusión para quienes no estén inscritos.
Además, podría convertirse en la identificación oficial, desplazando eventualmente al INE. “En países como Venezuela se ha seguido un modelo similar, donde se impone un documento de identidad único, utilizado incluso para monitorear la conducta de los ciudadanos”, refirió el especialista.
¿Protección de derechos humanos o riesgo de violarlos?
Aunque el proyecto se plantea como un avance para proteger derechos como la seguridad personal o la identificación de desaparecidos, Ernesto Villanueva aclaró que no se pueden proteger derechos violando otros.
“La protección de los derechos humanos no puede basarse en la vulneración de otros derechos. En este caso, se pone en riesgo el derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, y al principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución”, apuntó.
El debate pendiente: transparencia y legalidad
Finalmente, el especialista remarcó que el problema no es propiamente el uso de tecnologías biométricas, sino la ausencia de un marco legal sólido, transparente y con controles efectivos, una medida que podría ser el inicio de un sistema de vigilancia masiva.
“El temor no es infundado. La falta de contrapesos, la debilidad institucional y los antecedentes de uso político de la información en México son elementos reales que justifican la preocupación. No es estar contra el progreso tecnológico, sino exigir que se haga con respeto pleno a los derechos fundamentales”, concluyó.
