Como parte de su compromiso para fortalecer el Estado de derecho y la seguridad pública, llegó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar la extorsión que lastima a ciudadanía.
La propuesta busca facultar al Congreso para legislar en materia de extorsión, delito considerado de alto impacto y cuya incidencia creció de forma alarmante en los últimos años.
En la iniciativa, que fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis, plantea modificar el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, a fin de otorgar al Congreso la competencia para expedir una legislación general en materia de extorsión.
Establecer marco normativo
La titular del Ejecutivo federal señaló que el objetivo es establecer un marco normativo homogéneo que permita prevenir, investigar, perseguir y sancionar de manera efectiva este delito en los tres órdenes de gobierno.
Plantea una legislación general que homologue el tipo penal y sus sanciones, establezca mecanismos de colaboración interinstitucional, y articule las capacidades del Estado para hacer frente a este fenómeno delictivo.
Elementos de legislación
Los elementos que incluiría esta legislación:
- La definición clara y amplia del delito de extorsión y sus distintas modalidades.
- La coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales.
- El uso de inteligencia, tecnología e informática en la investigación.
- Programas de formación especializada para cuerpos de seguridad y procuración de justicia.
- Canales seguros y eficaces de denuncia.
- Medidas de protección integral para víctimas, ofendidos y testigos.
- Estrategias de prevención desde los centros penitenciarios, para evitar que estos delitos se orquesten desde el interior de los mismos.
Lastima a la ciudadanía
La titular del Ejecutivo federal subraya que la extorsión es uno de los delitos que más lastima a la ciudadanía y que, a pesar de su gravedad, no ha sido enfrentado con los instrumentos jurídicos adecuados.
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Agrega que la falta de una legislación general derivó en respuestas parciales, ineficaces y desarticuladas, lo cual permitió que la delincuencia organizada siga explotando esta modalidad criminal con impunidad.
En la exposición de motivos, el gobierno federal reconoce que la extorsión es un fenómeno criminal que se expandió y diversificó sus formas de comisión.
Afecta en lo individual y en lo empresarial
Este delito afecta no solo a personas en lo individual, sino también al sector empresarial, comercial y al funcionamiento del propio Estado, “la extorsión no es una conducta menor”.
“Se convirtió en una herramienta de control económico y social por la delincuencia, que no solo amenaza a particulares, sino también a instituciones públicas, al utilizar este delito como vía para financiar otras actividades delictivas”, señala el documento.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2022 y enero de 2025 se contabilizaron más de 32 mil víctimas de extorsión en el país.
Aumento de cifras de extorsión
Solo en enero de este año, se reportó un promedio diario de 29.77 casos de extorsión, cifra que representa un aumento del 57.62% respecto a 2018.
El Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran más del 60% de las denuncias.
«Uno de los principales problemas identificados por la iniciativa presidencial es la disparidad normativa entre el ámbito federal y las entidades federativas», precisa.
Regulado por Código Penal Federal
Actualmente, el delito de extorsión está regulado tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales locales, con distintas definiciones, modalidades, agravantes y penalidades.
Mientras que la ley federal establece penas de dos a ocho años de prisión, en estados como Oaxaca se castiga con apenas uno a tres años.
En el caso de Chihuahua la sanción por este delito puede alcanzar hasta 30 años.
En cuanto a las multas, el rango es igualmente disparejo, desde 36 mil pesos en algunas entidades, hasta 691 mil pesos en Coahuila.
Falta armonización
El Ejecutivo federal indica que esta falta de armonización impide una política criminal coherente y efectiva.
Además, subraya que genera incentivos negativos para la persecución y sanción del delito.
La propuesta de reforma se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030.
«Ambos proyectos reconocen la extorsión como un delito prioritario por su impacto social y económico», señala.
Observatorio Nacional Ciudadano
“Combatir la extorsión mediante una estrategia articulada, con una legislación adecuada, no es solo un imperativo legal, sino también un deber ético del Estado mexicano”, destaca el texto de la iniciativa.
Además, recuerda que en 2022 el Observatorio Nacional Ciudadano emitió una alerta sobre la carencia de herramientas legales.
También incluya falta de medidas operativas para enfrentar las nuevas formas de extorsión.
Por ello, se necesita reforzar la necesidad de una intervención legislativa de alcance nacional.
