Habitantes y defensores del medio ambiente del municipio de Jilotzingo se trasladaron este jueves a la CDMX para manifestarse frente a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y exigir la suspensión inmediata de la perforación de un pozo profundo.
Ello, debido a que dicha obra se realiza de manera ilegal por instrucciones del presidente municipal, Raziel Eugenio Chavarría Chavarría.
Los inconformes, provenientes de las comunidades de Espíritu Santo, San Miguel Tecpan, San Luis Ayucan, Santa María Mazatla y Santa Ana Jilotzingo, denunciaron que los trabajos comenzaron el pasado 4 de junio sin contar con permisos ambientales, estudios técnicos ni consulta ciudadana.
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Alertaron que aunque se ha dicho que el pozo es para abastecer de agua al poblado de Espíritu Santo, en realidad formaría parte de un plan más amplio para dotar del recurso a fraccionamientos privados en expansión.
El bosque de Jilotzingo es vital para la Presa Madín, que lleva agua a varios municipios
Durante la protesta, el ambientalista y dirigente de la Central Campesina Cardenista, Max Correa Hernández, advirtió que la perforación constituye una amenaza directa a los ecosistemas boscosos del municipio, considerado uno de los últimos pulmones vivos del Valle de México.
“El bosque de niebla de Jilotzingo es un suelo de recarga vital para la Presa Madín, de donde se abastecen millones de personas en Atizapán, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. Cualquier intervención sin control aquí tiene consecuencias regionales graves”, señaló.
Acompañado por vecinos de varias comunidades, Correa demandó la intervención urgente de la Semarnat mediante inspección, auditoría ambiental y clausura de la obra.
Acusó que las decisiones del gobierno municipal podrían configurar un delito ambiental de carácter intermunicipal y regional, dadas las afectaciones que provocan más allá de las fronteras de Jilotzingo.
Denuncian política municipal que privilegia el consumo de agua para desarrolladores
El también exdiputado local explicó que esta problemática se ha agudizado por la proliferación de permisos de construcción expedidos de manera irregular en los últimos dos años. “Tan solo entre 2024 y 2025 se autorizaron 14 nuevos desarrollos inmobiliarios, lo que implica una fragmentación alarmante del ecosistema”.
Asimismo, denunció la instalación reciente de fábricas en zonas completamente boscosas, lo que no solo representa un riesgo de contaminación por desechos industriales, sino que agrava la escasez de agua para la población.
“Los vecinos de Espíritu Santo apenas reciben suministro una vez por semana. Hay una política municipal que privilegia el consumo de desarrolladores sobre las necesidades de las comunidades”, lamentó.
Xiomara Trujillo Gutiérrez, habitante de Jilotzingo, dijo que el pasado 10 de julio pudo documentar el tránsito de 158 camiones de carga, incluidas 15 pipas de agua, por los accesos de Rancho Blanco y Condado de Sayavedra, lo que, sostuvo, revela un patrón de extracción intensiva y tráfico de recursos facilitado por el gobierno local.
Exigen pobladores que la Semarnat detengan las obras de construcción del nuevo pozo
“Es claro que existe una red de complicidad o, cuando menos, de omisión”, acusó.
Por su parte, Max Correa solicitó a las autoridades federales y estatales esclarecer qué instancia proporcionó la maquinaria utilizada para la perforación del pozo.
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“De confirmarse la participación de una dependencia pública, estaríamos frente a un presunto desvío de recursos y abuso de poder en perjuicio de la ciudadanía y del medio ambiente”, concluyó.
Los manifestantes exigieron que la Semarnat no solo actúe para detener la obra, sino que establezca un mecanismo permanente de vigilancia y monitoreo ambiental en el territorio de Jilotzingo, ante lo que calificaron como una ofensiva inmobiliaria e industrial que amenaza con desmantelar el equilibrio ecológico de la región.
