Con una propuesta que aumenta la pena de prisión de hasta 20 años, la diputada del PRI, Socorro Jasso Nieto presentó una iniciativa para endurecer los castigos a quien cometa el delito de abuso sexual a una persona menor de 18 años de edad.
De acuerdo con la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 2023, los hospitales del país atendieron a más de nueve mil 800 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Refirió que la norma actual sanciona con una pena de seis a 13 años de prisión y hasta 500 días multa, lo que permite que en ciertos casos, los responsables de estos delitos puedan tener beneficios procesales, como la libertad bajo caución.
La propuesta de la diputada priista prevé castigar a quien cometa el delito de abuso sexual a una persona menor de 18 años de edad con una pena de ocho a 20 de años prisión.
Plantea derogar los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal para eliminar la figura del estupro y fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad frente a delitos sexuales.
Además, propone reformar los artículos 261 y 266 Ter de dicho Código para imponer sanciones más severas y eliminar la posibilidad de que los responsables evadan la justicia mediante el pago de fianza.
Objetivo de la iniciativa
La legisladora explicó que la modificación busca asegurar que quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho permanezcan en prisión durante el proceso penal, además de enviar un mensaje firme de cero tolerancia hacia estos delitos.
Jasso Nieto aseguró que la derogación del estupro es jurídicamente viable y socialmente urgente, pues reproduce una visión adultocéntrica y patriarcal que normaliza relaciones sexoafectivas asimétricas entre personas adultas y adolescentes.
“Eliminar el estupro como delito autónomo impediría que los agresores se beneficien de penas reducidas y cerraría la puerta a interpretaciones judiciales permisivas que revictimizan a las adolescentes”, asentó.
De esta manera, abudó, la reforma contribuiría a fortalecer el marco jurídico nacional al armonizarlo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la obligación de garantizar el interés superior de la niñez y la protección plena de sus derechos.
Esta iniciativa representa un paso firme para combatir la impunidad, prevenir la explotación sexual de menores y cumplir con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, enfatizó.
Tendencias y Crecimientos de la Violencia Sexual
Entre 2010 y 2023, el número de víctimas atendidas en hospitales se multiplicó por 11 veces.
Aunque en 2023 hubo una disminución de 1.3% respecto a 2022, se mantiene como el segundo registro más alto en 13 años, de acuerdo a cifras de Redim.
En la exposición de motivos de la iniciativa, la legisladora destaca que el aumento en el uso de Internet y redes sociales abre nuevos riesgos de ciberacoso y explotación sexual en línea.
“El porcentaje de niñas, niños y adolescentes usuarios de Internet pasó de 69.7% en 2016 a 82.3% en 2023; el uso de celulares inteligentes pasó de 52.3% a 76.4% en el mismo periodo”, menciona.
Perfil de los agresores
La diputada priista subrayó que los datos muestran que la mayoría de los agresores son personas cercanas a las víctimas.
“Los perfiles de los agresores evidencian la gravedad de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, ya que en la mayoría de los casos se trata de personas cercanas a las víctimas, como parejas, familiares, padrastros, vecinos o conocidos”, concluyó.
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