La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la reciente liberación de Israel Vallarta Cisneros, quien permaneció casi 20 años en prisión preventiva sin sentencia, acusado de pertenecer a la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco.
La decisión judicial que absolvió a Vallarta la emitió la jueza Mariana Vieyra Valdez, quien concluyó que el proceso estuvo viciado desde su origen por violaciones a derechos humanos, incluyendo un montaje televisivo en 2005 dirigido por autoridades federales bajo el mando de Genaro García Luna. Este montaje contaminó las pruebas, invalidando más de 290 elementos presentados por la FGR.
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En defensa de seis víctimas
Sin embargo, Gertz Manero subrayó que existen seis víctimas de secuestro que no están vinculadas al montaje mediático y que identifican plenamente a Vallarta como su agresor.
“Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro”, declaró el fiscal durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Gertz Manero enfatizó que el secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir una persona, y que estas víctimas no pueden quedar en estado de indefensión.
“Vamos a proceder a través del recurso de apelación en defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño”, afirmó.
La resolución judicial que exoneró a Vallarta también reconoció que su confesión fue obtenida bajo tortura, conforme a dictámenes elaborados bajo el Protocolo de Estambul.
La jueza Vieyra Valdez solicitó además a la FGR informar qué acciones ha tomado respecto a las denuncias por tortura y abusos cometidos por agentes implicados en el caso.
La detención de Vallarta
Israel Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005, pero su imagen fue difundida un día después en una recreación televisiva del operativo. Aunque la entonces PGR reconoció el montaje en 2006, el proceso judicial continuó por casi dos décadas, marcado por dilaciones, conflictos de competencia y paros judiciales.
La apelación de la FGR abre un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos del sistema penal mexicano, donde se cruzan el derecho a la justicia de las víctimas, las garantías del debido proceso y las secuelas de una actuación institucional profundamente cuestionada.
FGR reabre proceso penal contra Alonso Ancira
En otro tema, Gertz Manero anunció la reapertura del proceso penal contra Alonso Ancira Elizondo, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), tras incumplir el acuerdo reparatorio por el caso Agronitrogenados, que implicaba el pago de 216 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex).
El acuerdo, firmado en abril de 2021 ante un juez federal, permitió a Ancira obtener su libertad condicional bajo el compromiso de resarcir el daño causado por la venta de una planta de fertilizantes en condiciones de abandono, adquirida por Pemex en 2013 a un precio considerado excesivo.
El caso, vinculado también al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, se convirtió en uno de los emblemas de la lucha contra la corrupción en el sector energético.
Según declaraciones del fiscal Alejandro Gertz Manero, Ancira realizó los primeros pagos pactados, pero posteriormente dejó de cumplir con sus obligaciones.
El acuerdo con Ancira dejó de ser válido
“Ese acuerdo ya no es válido. Vamos a hacer todas las gestiones para que esta persona asuma su responsabilidad y, a través de la asistencia jurídica internacional, procederemos en su contra donde quiera que esté”, afirmó el titular de la FGR.
Ancira, quien actualmente reside en Estados Unidos, podría enfrentar nuevas medidas cautelares y acciones de cooperación internacional para garantizar su comparecencia ante la justicia mexicana.
La reapertura del proceso penal se da en un contexto marcado por la quiebra de AHMSA, declarada en abril de 2023, que dejó a miles de trabajadores sin respaldo legal ni económico.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que “no puede haber impunidad en el caso de Alonso Ancira”, subrayando el impacto social de la quiebra de la empresa y la necesidad de justicia para los afectados.
