El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra cuatro individuos y 13 empresas mexicanas por su participación en un esquema de fraude de tiempo compartido operado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puerto Vallarta, Jalisco, y zonas aledañas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro congeló bienes y bloqueó operaciones de tres miembros de alto rango del grupo criminal y de un empresario local, así como de 13 empresas en México.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la medida busca “erradicar la capacidad de los cárteles de generar ingresos”, al señalar que el CJNG ha diversificado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico, aprovechándose de adultos mayores estadunidenses a través de complejas estafas turísticas.
De acuerdo con las autoridades estadunidenses, estas operaciones fraudulentas han provocado que unas 6 mil víctimas en Estados Unidos perdieran cerca de 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, con métodos que incluyen la reventa falsa de tiempos compartidos, alquileres inexistentes y supuestas inversiones, todo a cambio de pagos por adelantado que nunca se reembolsan.
Te puede interesar: EU sanciona a “El Mencho” y otros líderes del CJNG
¿Quiénes son los sancionados?
Estados Unidos sancionó a tres miembros de alto rango del CJNG vinculados a la violencia en Puerto Vallarta –Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro–, así como el empresario local Michael Ibarra Díaz Jr., acusado de encabezar una red corporativa de 13 empresas turísticas, inmobiliarias y de servicios utilizada para encubrir el fraude.
La OFAC subrayó que la medida implica el bloqueo inmediato de activos en territorio estadunidense y la prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos, así como posibles sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones a favor de los designados.
El gobierno estadunidense reiteró el llamado a posibles compradores y propietarios de tiempos compartidos en México para extremar precauciones y denunciar ofertas no solicitadas que parezcan “demasiado buenas para ser verdad”, pues este tipo de fraudes, además de causar pérdidas económicas, financian actividades de organizaciones criminales consideradas terroristas.
