Corrupción inmobiliaria en México: pérdidas millonarias y una reforma que busca cárcel automática
La corrupción inmobiliaria en México deja pérdidas que podrían superar los 500 mil millones de pesos al año, según diversas investigaciones. Se trata de un fenómeno que combina intereses políticos, desarrolladores y crimen organizado, y que provoca despojos, encarecimiento de la vivienda y desplazamientos forzados.
En la Cámara de Diputados, el petista Ricardo Mejía Berdeja presentó una iniciativa para reformar el artículo 19 constitucional e incluir este delito en el catálogo que amerita prisión preventiva oficiosa. La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, pretende evitar que los responsables eludan la justicia.
¿En qué consiste la corrupción inmobiliaria?
El esquema funciona con la colusión de funcionarios públicos y desarrolladores que manipulan permisos, realizan compraventas ilegales de tierras ejidales, construyen sin autorización o comercializan viviendas sin la infraestructura mínima.
El resultado: gentrificación, desigualdad, encarecimiento de la vivienda y rezagos en servicios básicos. Las víctimas suelen ser mujeres jefas de familia y adultos mayores, que carecen de títulos legales y recursos para defenderse frente a despojos y desalojos.
El impacto social y económico
El alza de precios es un reflejo claro: en Querétaro, una vivienda que en 2015 costaba un millón de pesos hoy supera los dos o tres millones, cifras inalcanzables para la mayoría de la población.
Mejía Berdeja plantea que, en un plazo de 90 días tras aprobarse el decreto, se hagan adecuaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, y que tanto el Ejecutivo federal como la FGR emitan lineamientos para capacitar a personal en justicia, notariado y obra pública. Sin embargo, especialistas advierten que endurecer sanciones sin combatir la red de intereses detrás resulta insuficiente.
¿Quiénes participan?
Analistas coinciden en que la corrupción inmobiliaria opera en red:
- Políticos y funcionarios municipales, estatales y federales, que facilitan cambios de uso de suelo o autorizan obras ilegales.
- Desarrolladores, constructores y notarios que ofrecen sobornos, falsifican escrituras o legalizan ventas irregulares.
- Intermediarios y corredores que encubren contratos falsos y lavan dinero.
- Crimen organizado, que controla terrenos en zonas urbanas estratégicas mediante coacción.
El fenómeno, advierten especialistas, no solo erosiona la economía, sino que profundiza la injusticia social y agrava la insostenibilidad urbana y ambiental del país.
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