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o fue la naturaleza, ni la fuerza de un terremoto, lo que destruyó la paz y el patrimonio de la familia de Ricardo Guerrero. Fue un entramado de corrupción y complicidad, un «sismo silencioso» provocado por el llamado «Cártel Inmobiliario» en la Alcaldía Benito Juárez. La historia de Guerrero es el crudo testimonio de una década de lucha solitaria contra un sistema que, según su denuncia, protege a una red criminal a costa de la vida y la seguridad de los ciudadanos. Es un relato que revela cómo un edificio ilegal se convirtió en la prueba de un «fraude institucional» que, de no ser detenido, amenaza con un desastre de proporciones catastróficas.
El entramado de la corrupción y la impunidad en la Alcaldía Benito Juárez
En entrevista para AMEXI, se detallan los hallazgos de la investigación de Ricardo Guerrero, quien ha dedicado más de una década de lucha contra la corrupción inmobiliaria. Él narra cómo un edificio, construido en la calle 5 de Febrero, 1073, en la colonia Américas Unidas, en Benito Juárez, ha dañado su casa al grado que le dificulta vivir en ella.
Señala que su caso, es solo la punta de lanza de un problema mucho mayor que involucra a más de 3 mil edificaciones irregulares en la demarcación. Guerrero, con su testimonio, revela la mecánica de la corrupción que ha permeado las instituciones.
El origen del problema, según su relato, se encuentra en la corrupción administrativa. La autorización de uso y ocupación del edificio que daña su hogar, se emitió a pesar de que la visita técnica ocular, un documento clave para verificar que la obra cumplía con la ley, no estaba firmada por un perito. Esta omisión, dice Guerrero, es la prueba del «fraude administrativo» desde sus inicios. Peor aún, la construcción excedió en 161 metros cuadrados lo declarado originalmente. «Se robaron estos metros a las construcciones aledañas», explicó Guerrero. Esta estrategia, según el denunciante, forma parte de un plan para adquirir terrenos a bajo precio, dañando intencionalmente las propiedades de los vecinos para forzar su venta. Guerrero afirma que esta acción le ha permitido a los desarrolladores «ahorrarse 8 o 10 millones de pesos por cada casa» que logran destruir a través del daño estructural.
El «Blindaje» institucional: Un cártel protegido por el estado
Guerrero reveló cómo las instituciones del Estado, en lugar de impartir justicia, han protegido al «Cártel Inmobiliario». La Contraloría, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y la Fiscalía han actuado de manera coordinada para encubrir las irregularidades. «Todo el sistema está controlado», lamenta Guerrero.
La Contraloría de Benito Juárez ha desestimado en múltiples ocasiones las denuncias de Guerrero. Incluso la Contraloría General de la Ciudad de México, bajo la dirección de Juan José Serrano, defendió en tres ocasiones que no había irregularidad alguna en el actuar de los contralores de la alcaldía. La Fiscalía, por su parte, ha bloqueado la judicialización del caso, argumentando que no cuentan con «peritos especialistas en estructuras» para cuantificar los daños. El colmo fue, denuncio, cuando, una jueza de control le recomendó a Guerrero que él mismo pagara el peritaje para que la carpeta pudiera avanzar.
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Un fraude masivo que cuesta vidas
La corrupción en Benito Juárez no es un problema administrativo. Tiene consecuencias humanas y económicas devastadoras. Guerrero afirma que «la corrupción mata», y su propia historia lo demuestra. El estrés provocado por la situación de su casa llevó a su madre a un grave deterioro de salud. Tras el sismo de 2017, fue hospitalizada y falleció 33 días después. La Fiscalía, al alargar los plazos, permitió que el historial clínico caducara, dejando su muerte en la impunidad. «Todo queda impune ¿por qué? Porque todo lo hacen al infinito», declara con frustración.
Además, la corrupción ha generado un «fraude inmobiliario» masivo. Cerca del 80% de quienes compran estos departamentos utilizan un crédito hipotecario, sin saber que el inmueble es ilegal. En caso de un sismo, las aseguradoras podrían negarse a pagar, citando que el edificio no cumple con la «normatividad de la separación de colindancias sísmicas», indicó el denunciante.
Victoria legal y advertencia de un futuro colapso
A pesar de la protección sistémica, Ricardo Guerrero ha logrado una victoria legal. En mayo de 2022, la Alcaldía Benito Juárez perdió el primer caso administrativo después de tres amparos. La sentencia obliga a la alcaldía a pagar los daños y perjuicios generados. Sin embargo, el proceso de resarcimiento ha sido retrasado intencionalmente por «motivos políticos» para fue para evitar que afectara la campaña política del entonces candidato Santiago Taboada, señaló Guerrero, además indicó que el retraso de casi dos años es una estrategia para «alargar todos los plazos» y desgastar.
La situación de su casa sigue siendo precaria, y un peritaje reciente advierte el «riesgo constante de una fractura estructural y posible colapso parcial o total» en caso de sismo. Con más de 3,000 edificios ilegales en la alcaldía, rastreados por el mismo Guerrero, advierte que, si hay un sismo fuerte, el colapso de estas construcciones de «pésima calidad» será inevitable. La responsabilidad, afirma, será «directa de la alcaldía Benito Juárez y de todos los cómplices».
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El sistema de impunidad y la doble contabilidad
Guerrero explica que la corrupción en la Alcaldía Benito Juárez está tan bien organizada que funciona con «dobles libros» o dobles registros. Esto permite que la alcaldía niegue haber autorizado obras, ya que no aparecen en los registros oficiales, a pesar de haber entregado los documentos necesarios a los constructores para vender y registrar las propiedades. El denunciante afirma que este esquema, que fue institucionalizado por Jorge Romero desde el año 2001, se ha convertido en una «fuente de ingresos brutal» para campañas políticas. Incluso, señala que Fadlala Akabani, actual subsecretario de gobierno de la CDMX, autorizó aproximadamente 200 edificios ilegales.
A pesar de que su caso se ha convertido en el primero que la alcaldía pierde, Guerrero lamenta que «a nadie han sancionado». La justicia, en sus palabras, sigue siendo un proceso infinito diseñado para favorecer a los poderosos, mientras las víctimas se ven obligadas a sufrir el costo de esta corrupción sistémica.
