La Embajada de México en Perú emitió una alerta preventiva dirigida a ciudadanos mexicanos en ese territorio, ante el aumento de manifestaciones sociales en contra de reformas legislativas que derivan en enfrentamientos, personas lesionadas y agresiones contra representantes de medios de comunicación.
La recomendación oficial, difundida este domingo a través de canales diplomáticos y redes sociales, exhorta a los mexicanos a evitar zonas de concentración pública, mantenerse informados por medios oficiales y, en caso de emergencia, contactar al consulado de México más cercano.
“La seguridad de nuestros ciudadanos es prioritaria. Reiteramos el llamado a extremar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales”, señala en un comunicado.
Las protestas, que se intensificaron en Lima y otras ciudades del sur peruano, responden a demandas sociales y desacuerdos con reformas legislativas impulsadas por el Congreso.
Organismos de derechos humanos han documentado al menos 17 personas lesionadas en las últimas 48 horas, entre ellas, periodistas que cubrían los hechos en campo.
A su vez, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú denunció ataques físicos y obstrucción al trabajo informativo por parte de elementos policiales y civiles.
“La libertad de prensa está siendo vulnerada en un contexto de alta tensión social. Exigimos garantías para el ejercicio periodístico”, declaró la presidenta de la organización, Rosa María Palacios.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México reiteró que mantiene comunicación constante con autoridades peruanas y que monitorea la situación para brindar asistencia consular, en caso de ser necesario.
Lee: Un éxito Simulacro Nacional; Alerta Sísmica funcionó en 99% de altavoces en CDMX: Brugada
Pero, ¿qué pasa en Perú?
Diversos colectivos juveniles, estudiantes universitarios y organizaciones sociales marcharon este domingo por las calles de la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, para manifestarse en contra del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso.
La Policía Nacional del Perú (PNP) cerró tránsito vehicular para impedir que los manifestantes llegaran al Parlamento.
Los manifestantes rechazan la reforma del sistema de pensiones, se quejan de la inseguridad ciudadana, piden justicia por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, y se oponen a una serie de leyes promovidas por el Legislativo y el Ejecutivo peruano.
Durante la manifestación, un grupo de estudiantes de la Universidad Federico Villarreal repartió volantes respecto a la reforma de pensiones. “¿Sabías que el Congreso aprobó esto sin consultar a nadie?”, preguntaban, sin esperar respuesta.
La escena se repitió en Cusco, Puno, Loreto, donde el reclamo era el mismo: dignidad. Los jubilados aseguran que una pensión apenas alcanza para los medicamentos. Los de a pie se quejan de las mafias locales que los extorsionan.
Muchos de los manifestantes son jóvenes, que se crecieron entre memes, precariedad y desconfianza, usan las redes sociales para organizarse, para quejarse de la corrupción. “Cada gobierno promete romperla. Pero siempre vuelven al centro”, afirman.
Ni el gobierno de Dina Boluarte ni el Congreso han respondido a las demandas. La Defensoría del Pueblo es la única que interviene en algunos conflictos universitarios, con acuerdos mínimos.
Los manifestantes, que planean nuevas acciones para octubre, no quitan el dedo del renglón para que se derogue la reforma de pensiones, se logren medidas urgentes contra la inseguridad, y se integre una Asamblea Constituyente que reescriba las reglas del juego.
