La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló la magnitud de un entramado de irregularidades en la administración de concesiones hídricas en el país, que incluye desde falsificación de títulos y uso indebido de permisos agrícolas hasta la venta ilegal de cientos de pipas de agua cada día.
Frente a esta situación, la dependencia anunció un paquete de reformas legales y administrativas para frenar el mercado negro y garantizar que el agua sea reconocida como un derecho humano, no como una mercancía.
Te recomendamos: Gobierno castiga sin agua a más de 80 mil familias de Ixtapaluca
Irregularidades en concesiones y venta clandestina
Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, informó que al inicio de la actual administración se detectaron tres bases de datos incompatibles, con registros duplicados e incompletos, lo que dejó un rezago de 145 mil trámites y un padrón poco confiable.
“Encontramos casos tan absurdos como concesiones que aparecen con coordenadas en el mar o incluso en Tailandia, cuando deberían estar en municipios de Oaxaca”, relató.
La revisión de 536 mil títulos permitió identificar 58 mil 938 inconsistencias, entre ellas concesiones agrícolas –exentas de pago por destinarse a la producción de alimentos– que en realidad abastecían balnearios, clubes de golf, complejos industriales e, incluso, venta de pipas.
“Hay aprovechamientos que surten hasta 200 pipas al día, cada una vendida entre 2 y 3 mil pesos, lo que convierte a esta práctica en un negocio millonario”, denunció Rodríguez.
En paralelo, se detectaron duplicidades y falsificaciones de títulos, particularmente en acuíferos deficitarios del centro y norte del país, así como 29 mil concesiones sin certeza en su vencimiento, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas.
Inspecciones y clausuras
Para enfrentar estas prácticas, la Conagua ha realizado 3 mil 912 visitas de verificación y aplicado 490 clausuras. En Puebla, por ejemplo, se cerraron pozos clandestinos que abastecían hasta 300 pipas diarias.
Rodríguez subrayó la diferencia entre el uso irregular de un título y el robo de agua: este último se configura cuando se perforan pozos clandestinos sin concesión, constituyendo un delito.
Reforma legal y delitos hídricos
Efraín Morales López, director general de la Conagua, adelantó que se presentará al Poder Legislativo un paquete de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una Ley General del Agua, con el fin de fortalecer la rectoría del Estado y acabar con el mercado negro de concesiones.
Uno de los cambios centrales será la eliminación del esquema de transmisiones entre particulares, introducido en el periodo neoliberal, que permite vender títulos con solo notificar a la autoridad.
“Eso ha generado acaparamiento y sobreconcesionamiento. El agua que no se usa debe regresar al dominio de la nación”, enfatizó Morales.
Las reformas también contemplan la creación de un capítulo de delitos hídricos, con sanciones más severas que incluyan clausuras definitivas, extinción de dominio y penas mayores para quienes reincidan en el robo o explotación ilegal del recurso.
Ordenamiento y ventanilla digital
Como parte del ordenamiento, la dependencia impulsa la Ventanilla Digital Única que entrará en vigor en enero, con la finalidad de simplificar trámites y evitar irregularidades.
Además, en octubre se publicará un decreto de facilidades para regularizar concesiones vencidas, en beneficio de pequeños y medianos productores.
Gracias a estas acciones, se han recuperado 44.7 millones de metros cúbicos de agua y un incremento de 2 mil 938 millones de pesos en recaudación –15% más que en 2024–, además de la desprivatización de más de 4 mil millones de metros cúbicos, volumen equivalente al suministro de la Ciudad de México durante cuatro años.
Un acuerdo nacional por el agua
Morales recordó que en noviembre pasado se firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, con la participación de gobiernos, académicos, empresas y productores.
“Queremos terminar con un modelo que convirtió al agua en mercancía. El agua debe consolidarse como un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar”, concluyó.
