El pleno del Senado aprobó la reforma al artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de fortalecer el combate a la extorsión, iniciativa que promovió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por ser un delito de alto impacto.
Con 106 votos a favor, los legisladores de la Cámara alta avalaron el dictamen, que señala las repercusiones de la extorsión no sólo en víctimas de manera individual, sino en el daño el patrimonio colectivo.
La propuesta aprobada también considera que este delito afecta la economía nacional, además de la estabilidad emocional y psicológica de la población.
Incidencia de las extorsiones
De acuerdo con cifras oficiales, la incidencia de este delito ha crecido en los últimos años, al pasar de un promedio diario de 18.89 casos en 2018 a 29.77 en enero de 2025.
El documento precisa que actualmente existe una disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales.
Esa situación dificulta la persecución de los delincuentes y permite a los grupos criminales aprovecharse de las diferencias jurídicas para evadir la justicia.
Congreso legislará en la materia
Por ello, la reforma busca que la Constitución otorgue al Congreso la facultad para legislar en materia de extorsión, con el propósito de eliminar la fragmentación jurídica que obstaculiza la impartición de justicia y genera inseguridad en las víctimas.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que en el corte a julio de 2025, la extorsión continúa como un problema recurrente, pese a los esfuerzos desplegados por autoridades federales y estatales.
Esa situación hace se refuerce la necesidad de nuevas herramientas legales y de prevención.
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Marco jurídico homogéneo
El dictamen establece que, tras esta reforma, la expedición de una Ley General en materia de Extorsión será un paso indispensable para crear un marco jurídico homogéneo, con criterios uniformes de investigación, persecución y sanción.
Esto, afirma, contribuirá a reducir la impunidad y fortalecer la legitimidad del sistema de justicia penal.
Destaca que la incidencia del delito se incrementó en los últimos años, al pasar de un promedio de 18.89 casos diarios en 2018 a 29.77 en enero de 2025.
El documento avalado refiere que hay disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales, situación que provoca que el combate a la extorsión sea deficiente y que la delincuencia organizada utilice las antinomias jurídicas para evadir la justicia.
Fragmentación jurídica
De ahí que se busque establecer en la Constitución la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión y, con ello, evitar una indebida fragmentación jurídica que impacta en la procuración e impartición de justicia y provoca inseguridad para las víctimas.
Además, de establecer el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar esta conducta e incorporar al marco legal los mecanismos efectivos para la atención de las víctimas, ofendidos y testigos.
En el dictamen también se resalta que la expedición de una ley general en materia de extorsión constituye un paso indispensable para crear un marco jurídico homogéneo.
De esa manera, se permite establecer criterios uniformes de investigación, persecución y sanción, lo que reducirá los espacios de impunidad y fortalecerá la legitimidad del sistema de justicia penal.
