Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, promovió un nuevo recurso legal para evitar una segunda orden de aprehensión en su contra.
Desde el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como el penal del Altiplano, el exfuncionario presentó un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal con residencia en el Estado de México.
La demanda, admitida por el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, busca suspender la ejecución de una orden de captura emitida el pasado 17 de septiembre por el juez de control Mario Elizondo Martínez, por delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas, armas, secuestro y operaciones ilícitas con hidrocarburos.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha ejecutado dicha orden.
Juez concede suspensión
Paralelamente, en Tabasco, el Juzgado Octavo de Distrito concedió a Bermúdez la suspensión definitiva contra el aseguramiento de su domicilio, lo que impide que la propiedad sea vendida, destruida o enajenada mientras se resuelve su situación jurídica.
Las acusaciones contra Bermúdez, conocido como “El Comandante H” o “El Abuelo”, se han multiplicado en los últimos años.
Testigos lo señalan
Testigos colaboradores lo identifican como el líder de “La Barredora”, organización señalada por delitos como narcomenudeo, huachicoleo de gas LP, extorsión y tráfico de armas.
Según declaraciones ministeriales, operadores como Gabriel Gómez Vázquez “Indeco”, Ulises Pinto Madera y Daniel Hernández Montejo “Prada” canalizaban las ganancias ilícitas hacia Bermúdez, con la complicidad de elementos estatales.
Entre 2020 y 2024, las entregas semanales a Bermúdez habrían alcanzado un monto estimado de 416 millones de pesos, según fuentes ministeriales.
Actualmente, el exfuncionario permanece vinculado a proceso por delincuencia organizada y narcomenudeo, mientras espera la resolución judicial sobre el nuevo amparo que podría definir el rumbo de su situación legal.
La defensa de Bermúdez insiste en que las órdenes judiciales carecen de sustento, mientras que las autoridades federales continúan integrando pruebas sobre su presunta participación en una red criminal de alto impacto.
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