El Gobierno de México anunció un paquete de medidas regulatorias para la transportación y distribución de gas licuado de petróleo (gas LP), combustible que llega a millones de hogares, comercios e industrias del país.
La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación dos nuevas normas emergentes que complementan y actualizan la NOM-007-SESH-2010, hasta ahora vigente.
El anuncio se enmarca en una estrategia que busca reducir riesgos de accidentes, garantizar la seguridad industrial y reforzar la supervisión gubernamental sobre una de las cadenas energéticas más sensibles del país.
Dos normas específicas para actividades diferenciadas
La funcionaria explicó que la regulación anterior trataba de manera conjunta el transporte y la distribución de gas LP, aunque en la práctica son actividades distintas. Por ello, se emitieron dos normas emergentes específicas: la NOM-006-ASEA-2025, dedicada al transporte, y la NOM-007-ASEA-2025, enfocada en la distribución.
“El transporte abarca desde las refinerías o puntos de importación hasta las terminales de almacenamiento, mientras que la distribución corresponde a la llamada última milla: el traslado del combustible desde esas terminales hasta las viviendas, comercios o estaciones de servicio. Con estas nuevas normas cada actividad tendrá reglas propias, con obligaciones puntuales y más estrictas”, señaló González Escobar.
Requisitos de seguridad más estrictos
Entre los puntos centrales de las normas se encuentran:
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Mantenimiento comprobado: Las empresas deberán presentar evidencias periódicas ante la ASEA del cumplimiento de sus programas de mantenimiento. Ya no bastará con que declaren haber realizado revisiones; ahora deberán demostrarlo con pruebas documentales y técnicas.
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Pruebas de seguridad obligatorias: Se incluirán inspecciones internas de los contenedores y pruebas de presión hidrostática de manera periódica, que garanticen que los recipientes soporten las condiciones propias de la operación. Antes solo se exigían tras un accidente o daño reportado.
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Capacitación y certificación de operadores: Los conductores deberán acreditar formación técnica y práctica en seguridad industrial, a través de estándares de competencia laboral avalados por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).
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Controles tecnológicos: Todas las unidades estarán obligadas a contar con gobernadores de velocidad y sistemas de localización satelital (GPS).
Vigilancia centralizada y permanente
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la importancia del anuncio al subrayar que, por primera vez, el gobierno contará con un sistema de vigilancia centralizado de todas las unidades que transportan gas LP.
“Antes solo había inspecciones visuales y se confiaba en lo que reportaban las empresas. Ahora será obligatorio realizar pruebas técnicas, todos los vehículos tendrán gobernadores de velocidad y contarán con GPS monitoreados en un centro de vigilancia de la Secretaría de Energía. El objetivo es que no haya fugas, que circulen a velocidad controlada y que exista vigilancia permanente”, aseguró.
La mandataria destacó que el transporte y distribución de combustibles deja de ser considerado solo un asunto de tránsito y pasa a ser tratado como una cuestión de seguridad industrial y ambiental, con impacto en la protección de comunidades y consumidores.
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Plazos de cumplimiento diferenciados
La secretaria de Energía detalló que las nuevas disposiciones se aplicarán de manera escalonada:
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Las unidades de transporte tendrán cuatro meses para acreditar el cumplimiento de la NOM-006-ASEA-2025.
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En la distribución, los vehículos con capacidad mayor a 5 mil litros y antigüedad superior a 10 años deberán cumplir en el mismo plazo, mientras que el resto contará con seis meses.
De esta manera, se busca priorizar la actualización de las unidades más antiguas y de mayor riesgo.
Inspecciones conjuntas y control unificado
Paralelamente, la Sener, la ASEA y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pondrán en marcha un programa de inspecciones conjuntas en plantas, terminales y centros de distribución.
Estas verificaciones revisarán condiciones mecánicas, permisos, registros vehiculares y aditamentos de seguridad.
La información será integrada en una cédula única compartida entre instituciones, lo que permitirá detectar con mayor rapidez irregularidades y sancionar incumplimientos.
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Impacto en seguridad y confianza ciudadana
El gas LP es el energético utilizado para cocinar y calentar agua en los hogares mexicanos, además de tener un amplio uso comercial e industrial.
Su distribución implica el movimiento de miles de pipas y camiones en todo el territorio nacional, lo que representa riesgos latentes de fugas, incendios y explosiones.
Con este nuevo esquema regulatorio, el gobierno busca generar mayor confianza ciudadana, reducir accidentes y establecer una supervisión permanente que hasta ahora había estado limitada.
“Estamos transitando hacia un modelo en el que las empresas que transportan y distribuyen gas LP asuman plenamente que su actividad no solo tiene repercusiones económicas, sino también de seguridad industrial, ambiental y social”, concluyó Luz Elena González.
