Hace unas de semanas, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hablaron en rueda de prensa de un futuro incierto para la institución, debido a la precarización laboral y la disminución de recursos en tareas sustantivas que viene de años atrás y podría acentuarse con la creación de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial de Interculturalidad (UCVPII).
La publicación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ramo 48 de Cultura 2026, que desciende en 17.13% con respecto a 2025 (pasando de 15,805.41 millones de pesos (mdp) a 13,097.39
millones), incrementa la incertidumbre.
Según un análisis del Centro de Análisis e Investigación Fundar, los mayores recortes afectan a “los dos pilares institucionales del patrimonio cultural”: el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) –con una
disminución del 23%, es decir, 1,178 mdp–, y el INAH –con un decremento del 25.41 % que equivale a 1,571 millones, y que para 2025 tuvo una asignación de 6,185.27 mdp y para el próximo año sería de 4,613.42 mdp.
Nuevo reglamento Secretaria de Cultura
La creación de la UCVPII responde al nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, recientemente publicado, mediante el cual se restructuran diversas áreas. Fundar advierte que, sin embargo, “ese rediseño
administrativo no se refleja en la propuesta presupuestal, que mantiene la inercia de recortes de años anteriores, demostrando una clara contradicción.
Mientras la estructura se ajusta en el papel, el presupuesto sigue bajando”. Inconformidad creciente
El secretario general del Sindicato Nacional de Profesores de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, Ricardo Armando Martínez Magaña, recordó en la rueda de prensa el pasado 3 de septiembre, que desde hace ya varios sexenios sufren recortes presupuestales, administrativos y retardo en la distribución de los recursos para proyectos de investigación, particularmente en el área antropológica, pues se ha dado mayor peso a la “espectacularidad de zonas arqueológicas”.
En ese sentido, recordó que en 2024 hubo un incremento para el INAH, pero enfocado a los trabajos de salvamento arqueológico y adquisición de terrenos en la ruta del Tren Maya. De la cual, subrayó, no se ha dado cuenta.
INAH…
La “lamentable” situación se traduce en “congelamiento de proyectos de investigación, inoperancia administrativa, abandono de los museos, zonas arqueológicas, escuelas, centros regionales y demás instalaciones a lo largo del país, a lo que se añade contrataciones al margen de la legislación laboral, y
un largo etcétera…
“Las autoridades responsables, el director general del instituto (Joel Omar Vázquez Herrera), antes la Secretaría de Educación Pública y hoy la titular de Cultura (Claudia Curiel), y la presidencia de la República, nunca se
han detenido a observar que el instituto es una gama inmensa de posibilidades para la investigación antropológica en el país. No son sólo los grandes descubrimientos, los hay y son importantes, pero tenemos las cuestiones étnicas, las lingüísticas”.
Los investigadores Bolfy Cottom y Cuauhtémoc Velasco, de la Dirección de Estudios Históricos; Rosa María Garza Marcué, de la Dirección de Etnología y Antropología Social; Lina Odena Güemes, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia; Elsa Hernández Pons, de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos; Paul Hersch Martínez, del área de Geobotánica y Antropología Médica del Centro INAH-Morelos; y Rosa Reyna Robles, de la Dirección de Salvamento Arqueológico, acompañaron presencialmente al secretario sindical.
Sin embargo, las denuncias por la precarización del instituto -que vienen incluso de sexenios atrás, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto asumió su dirección el antropólogo Diego Prieto- son apoyadas por un número
creciente de investigadores. A mediados de octubre de 2024, alrededor de 143 de ellos dirigieron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para impugnar la ratificación de Prieto como director del INAH.
La nueva carta
Ahora suscriben una nueva carta a la titular del Ejecutivo, a Claudia Curiel, así como a la Mesa Directiva del Senado de la República y al Congreso de la Unión, para rechazar la “imposición” de la Unidad de Culturas Vivas (UCV), cuya dirección asumió Prieto. Firman más de 150, entre ellos los eméritos Jorge Angulo, Noemí Castillo Tejero, Antonio García de León, Jesús Jáuregui y Eduardo Matos Moctezuma. Asimismo investigadores de prácticamente todos los Centros INAH de la República y de las diversas dependencias.
A decir de los investigadores, las facultades que se le dan a la nueva unidad son prácticamente las mismas que ha cumplido el instituto desde su creación, como son las investigaciones al lado de comunidades indígenas,
afrodescendientes, rurales y urbanas.
Comentaron que representantes de la SC les han asegurado, “de manera muy formal”, que la unidad es únicamente una “reactivación de la Dirección General de Culturas Populares” de la propia SC. En ese sentido, cabe recordar que, efectivamente, Prieto afirmó en una entrevista con la reportera Niza Rivera de Proceso, que las funciones de la nueva instancia serán las que tenía dicha dirección desde hace más de cuarenta años, pero entonces “no les pareció extraño” (a los investigadores del INAH).
Políticas Culturales
Prieto tuvo que asumir como director de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (DGCP) y terminará de ejercer el presupuesto asignado a esta área para 2025, porque -explicó a Rivera- la nueva unidad requiere la aprobación
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, en el desglose del ramo 48 para 2026, no se le consideró.
En cambio hay un incremento para la DGCP, que en 2025 tuvo 147 millones, 423 mil pesos. Y para 2026 el PPEF le asigna 155 millones, 936 mil, 903 pesos. Una diferencia de más de 8 mdp. El especialista en políticas culturales, Carlos Villaseñor, precisó al diario Excélsior que el proyecto presupuestario no refleja los cambios en la estructura de la SC establecidos en su nuevo Reglamento Interno (mediante el cual se creó la unidad). Y se le asigna un monto de 738.9 mdp a la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, “inexistente” porque desde hace ya 5 años no tiene titular, lo cual le hace suponer que parte de ese presupuesto se le transferiría a
la UCVPII.
Argumentos tramposos
Especialista en legislación cultural y conocedor de las leyes de presupuesto y de la administración pública, Bolfy Cottom consideró tramposas las argumentaciones de Prieto. Indica que la unidad es una nueva entidad
burocrática que administrativamente tendrá mayor jerarquía que la DGCP, que no desapareció, sigue existiendo. Cuestiona:
“¿Por qué tendría la unidad que ocupar la estructura de la Dirección de Culturas Populares?”
Agregó que desde esa perspectiva, el nuevo reglamento de la SC indica que la UCVPII se encargará de investigar. Entonces refirió que recientemente Villaseñor declaró a Proceso que el INAH no tiene el “monopolio” de la
investigación antropológica.
En ese sentido, los investigadores comentaron que efectivamente, como ha dicho Prieto, hay áreas de investigación antropológica en Culturas Populares, como en otras instituciones académicas del país e incluso ellos han colaborado con la DGCP y con su museo, sin recibir “un solo quinto”, y muchos estarían dispuestos a seguir haciéndolo. Añadió Cottom:
“Perdón, lo que se está discutiendo no es el monopolio de la investigación, lo que se está discutiendo es que todo el tiempo se ha argumentado (en el gobierno) la austeridad, que se debe ahorrar y no duplicar funciones… ¿por qué entonces no buscan convenios de colaboración con la dirección de Etnología, la de Lingüística, etcétera?”
Y puntualizó el investigador que sería ilegal que la UCVPII erogara el presupuesto de una entidad distinta.
Costos de la austeridad
De otra parte, los investigadores denunciaron que, hasta principios de septiembre, había 972 proyectos de investigación suspendidos, propuestos desde octubre del año pasado, porque la SHCP no aprobaba los recursos, y sólo se autorizaron 374. Tras la publicación de las cifras en el diario Reforma, el INAH, mediante un comunicado, las calificó de “inexactas”. Dijo que hay 1,048 proyectos activos, 460 de los cuales son en áreas de antropología, arqueología, paleontología e historia, y estaban “en proceso de autorización 141”, pero “ya fueron autorizados”.
Hace unos días, Sheinbaum confirmó, como había anunciado en una “mañanera1, que con los recursos provenientes del Poder Judicial y algunos organismos autónomos, el sector cultural recibirá un incremento presupuestal de alrededor de 2 mil millones de pesos.
Analistas han señalado, sin embargo, que con ello el presupuesto apenas quedaría como el de 2025, y no es suficiente para el ramo. Además, no se ha precisado en qué áreas específicamente se aplicarían esos 2 mil millones.
Austeridad…
Ante ese panorama, el lunes 29 de septiembre Fundar, junto con la Academia Metropolitana de Teatro, el Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (GRECU), el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México, el Colegio de Productores de Teatro, con el respaldo de más de 260 miembros de la comunidad cultural y académica -como Alberto Lomnitz, Antonio Lazcano, Eduardo Matos Moctezuma, Graciela de la Torre, Fernando
Aceves Humana, Leonardo López Luján-, hicieron un llamado a la Cámara de Diputados que aprobará el presupuesto en noviembre próximo, y al Poder Ejecutivo Federal, para que se otorgue “un presupuesto suficiente para la cultura en 2026”.
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Ratifican que desde el sexenio anterior, “la reducción del gasto cultural fue constante y profunda, afectando de manera desproporcionada a instituciones clave como el INAH y el INBAL. Esta trayectoria refleja un
abandono paulatino que no puede continuar bajo el argumento de la austeridad”.
Y al tiempo que demandan un dialogo amplio y honesto con la comunidad, ponen énfasis en que “la cultura no puede seguir pagando los costos de la austeridad. Apostar por ella es apostar por el desarrollo humano,
la democracia y el bienestar colectivo”.
