La Cámara de Diputados recibió del Senado de la República la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia.
El propósito es actualizar los procesos judiciales y administrativos a las nuevas condiciones tecnológicas del país.
El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, precisa que las promociones del juicio de amparo deberán presentarse por escrito, ya sea en formato electrónico o impreso, según elijan los promoventes.
La opción digital será voluntaria, por lo que no podrá condicionarse el acceso al procedimiento a la utilización de medios electrónicos, en respeto al derecho de las personas a decidir cómo promover su defensa.
Digitalización y firma electrónica
La minuta establece que la firma electrónica será el medio de acceso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y tendrá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.
Además, permitirá enviar y recibir promociones, documentos, notificaciones oficiales y consultar resoluciones o sentencias relacionadas con los juicios de amparo.
Asimismo, se aclara que únicamente podrán ser orales las promociones que se realicen en audiencias, notificaciones o comparecencias expresamente autorizadas por la ley.
En casos urgentes, cuando el domicilio del promovente esté fuera de la circunscripción territorial, pero dentro de una zona conurbada, las notificaciones podrán efectuarse mediante actuarios judiciales.
A su vez, el Órgano de Administración Judicial será el responsable de desarrollar y actualizar el listado de medios electrónicos válidos para la práctica de notificaciones, conforme a acuerdos generales.
Cambios en materia fiscal
Entre las modificaciones más relevantes, se prevé que cuando el amparo se promueva contra actos de determinación, liquidación o cobro de contribuciones fiscales, los jueces podrán conceder discrecionalmente la suspensión del acto reclamado si el contribuyente constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad correspondiente.
Esto, ya sea mediante depósito o carta de crédito emitida por instituciones autorizadas y registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De igual forma, el órgano jurisdiccional podrá reducir el monto o dispensar la garantía en casos donde existan resoluciones firmes o se haya solicitado la prescripción de créditos fiscales.
El texto puntualiza que en los amparos que cuestionen la inconstitucionalidad de normas generales, no podrá otorgarse suspensión con efectos generales, limitándose exclusivamente al caso particular.
Procedimientos y límites procesales
La minuta también dispone que el órgano jurisdiccional podrá desechar de plano las recusaciones cuando se advierta que buscan entorpecer o dilatar el procedimiento. Además, se permitirá ampliar la demanda únicamente si se demuestran nuevos actos de autoridad directamente relacionados con los reclamados, y que no se hubieran conocido al momento de la presentación inicial.
En materia de improcedencia, se determina que el recurso de amparo no procederá cuando el contribuyente desconozca o se oponga al pago de créditos fiscales ya determinados, impugnados y confirmados por resolución firme.
Implementación gradual
En los artículos transitorios, se establece que el Órgano de Administración Judicial contará con 360 días naturales a partir de su entrada en funciones para realizar las adecuaciones al sistema electrónico del Poder Judicial.
Una vez concluidas, se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el aviso de inicio de registro para autoridades digitales.
Posteriormente, todas las autoridades federales, estatales, municipales y alcaldías tendrán 180 días para crear sus perfiles en el sistema y cumplir con las nuevas disposiciones.
Con esta minuta, el Poder Legislativo busca fortalecer la transparencia, agilizar los procesos judiciales y garantizar que la modernización tecnológica del Poder Judicial se realice sin afectar el derecho de acceso a la justicia en su modalidad tradicional.
Lee: Confían en que diputados corrijan redacción de Ley de Amparo