Estudiantes, personal académico y administrativo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Cuajimalpa, fue desalojada de las instalaciones este lunes tras recibir una amenaza de bomba.
De inmediato se dio aviso a las autoridades y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al lugar para implementar los protocolos de seguridad correspondientes, incluyendo el despliegue de unidades caninas (K-9) especializadas en la detección de explosivos.
Luego de una revisión exhaustiva de las instalaciones, las autoridades determinaron que no existía ningún artefacto explosivo, confirmando que el incidente fue una falsa alarma.
Un fenómeno que escala: falsas alarmas plagan universidades
Este evento en la UAM Cuajimalpa no es un caso aislado y se suma a una reciente ola de incidentes similares que han afectado la vida académica en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Antes, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue objeto de múltiples amenazas falsas en diversos planteles, incluyendo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y varias Escuelas Nacionales Preparatorias, como la 6 y la 8.
El dato duro que dimensiona el problema es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que ya investiga al menos 18 denuncias formales interpuestas por la UNAM a raíz de estas amenazas.
El costo de la «broma»: años de cárcel por falsas alarmas
Estos actos, lejos de ser bromas, constituyen delitos graves que implican un alto costo social y el desperdicio de recursos públicos. La movilización de unidades K-9, patrullas de la SSC y personal de Protección Civil para atender una alarma falsa distrae a los cuerpos de emergencia de situaciones reales.
En la Ciudad de México, las sanciones son severas. Aunque popularmente se les llama «amenazas», el delito específico se relaciona con la movilización indebida de servicios de emergencia.
De acuerdo con el Código Penal de la CDMX y la Ley de Cultura Cívica, el uso indebido de servicios de emergencia que «ocasione la movilización de elementos de protección civil, bomberos, personal médico, seguridad pública» se persigue activamente.
A raíz de los casos recientes en la UNAM, la titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde, recordó que el Código Penal local establece penas que van de uno a tres años de prisión por el delito de «amenazas», aunque aclaró que en la dependencia se analiza si se configuran otros delitos que podrían elevar la pena.
Fuentes legislativas señalan que las sanciones por la movilización de servicios de emergencia pueden alcanzar hasta cinco años de prisión y multas de 300 a 500 días.
Se investigará para deslindar responsabilidades, dice la UAM
Tras el incidente, la Rectoría General de la UAM emitió un comunicado dirigido «A la comunidad universitaria» y «A la sociedad mexicana», en el cual detalló su actuación.
La institución informó que se mantuvo en contacto y trabajando coordinadamente con las instancias de la Unidad Cuajimalpa «con el propósito de salvaguardar la integridad de toda la comunidad universitaria».
En el texto, la UAM subraya que, en «estricto apego a la autonomía», trabajó en conjunto con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para la verificación de la amenaza y, con base en los protocolos, «se determinó que fue una falsa alarma».
La universidad precisó que «se realizarán las investigaciones para identificar a las personas involucradas, con el fin de deslindar responsabilidades».
«La Casa abierta al tiempo» ratificó su compromiso con una cultura de paz y el bienestar universitario, invitando a su comunidad a «mantenerse alerta ante posibles riesgos que atenten contra la seguridad o integridad de cualquier persona».
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— UAM (@lauammx) October 13, 2025
