El Senado de la República aprobó y remitió al Ejecutivo federal el decreto de reformas a la Ley de Amparo, con la modificación que avaló la Cámara de Diputados de precisar que no habrá aplicación retroactiva de la norma.
Sin embargo, senadores de oposición insistieron en que la disposición mantiene ese efecto y limita el acceso a la justicia de los ciudadanos.
La mayoría de Morena y sus aliados del PT y PVEM avalaron el cambio al artículo tercero transitorio, que establece que las etapas procesales concluidas o hayan generado derechos adquiridos se regirán por las disposiciones vigentes al inicio de los procesos respectivos.
Mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto quedarán sujetas a las nuevas reglas procesales.
Una ley procesal
Según el dictamen, la modificación busca precisar que la reforma no tiene efectos retroactivos, pues “se trata de una ley procesal” que únicamente aplicará a actuaciones futuras y no afectará derechos adquiridos.
“Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, señala el texto aprobado.
Simulación y dedicatoria fiscal
En el debate, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano acusaron que la mayoría oficialista solo maquilló la retroactividad y mantiene un esquema que permitirá al gobierno cobrar créditos fiscales en litigio por más de dos billones de pesos, afectando a pequeñas y medianas empresas.
Carolina Viggiano, del PRI, calificó de “vergonzoso” el proceso legislativo y afirmó que las reformas restringen el interés legítimo, lo que impedirá que colectivos, comunidades indígenas, ambientalistas o personas vulnerables interpongan amparos.
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“Esta ley es más poder al poder y menos acceso a la justicia al ciudadano. Esa es la realidad aunque le llamen como le llaman, pero el propósito del oficialismo es muy claro. Quebraron al país y ya no saben cómo y de dónde tener recursos.
Por eso siguen con este asunto de la retroactividad para cobrar los créditos fiscales que están pendientes. Son casi 200 mil, imagínense, más de dos billones de pesos. Pero, ¿qué creen? De ahí prácticamente todos, salvo algunos, todos los demás, 190 mil, son de microempresas de pequeños comercios”.
Maroma legislativa
La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales, afirmó que el nuevo texto es una “maroma legislativa”, que contradice las propias declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el 2 de octubre reconoció que la iniciativa original no contemplaba ese transitorio.
“Un nuevo artículo tercero transitorio que insiste en la aplicación retroactiva de la ley de desamparo, es decir, ignoran una vez más lo dicho por la presidenta de la República.
“Lo que están proponiendo con este nuevo texto es que las disposiciones de las presentes reformas sean aplicadas a los asuntos que actualmente están en trámite”, dijo.
«Ley del desamparo»
Por el PAN, Guadalupe Murguía consideró que la reforma debilita al juicio de amparo, al restringir la suspensión de actos de autoridad y condicionar su procedencia a criterios más estrictos.
“El amparo nació para poner un alto al abuso de poder. Esta reforma contraviene la Constitución en materia de progresividad de derechos humanos. Es una ley pro gobierno, no pro persona”, señaló.
Murguía criticó que la mayoría pretenda justificar la reforma bajo el argumento de que la Ley de Amparo es procesal.
Morena defiende el dictamen
Senadores de Morena defendieron la aprobación del dictamen y aseguraron que la modificación del artículo tercero transitorio atiende las observaciones hechas por especialistas y responde a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Manuel Huerta Ladrón de Guevara rechazó que la ley tenga dedicatoria y sostuvo que su objetivo es modernizar los procedimientos judiciales para hacerlos más ágiles y eficaces.
“Se trata de una ley procesal. No hay retroactividad ni persecución política, solo el propósito de garantizar que los juicios de amparo se desarrollen con mayor certeza jurídica”, afirmó.
El morenista Manuel Huerta fue quien propuso un artículo transitorio que permitiría la retroactividad a la Ley Amparo y sus compañeros de bancada avalaron su iniciativa, pero Sheinbaum pidió corregir, pues esa figura es inconstitucional y no estaba contemplada en la iniciativa original.
