Desde las primeras horas de este viernes de 24 de octubre arrancó en el Estado de México la Operación para Combatir el Lucro Ilícito del Agua. La campaña tiene el objetivo de frenar el comercio clandestino del vital líquido en el que están involucradas presuntas redes traficantes.
En el operativo participan elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN),
Además, efectivos de la Secretaría de Seguridad estatal (SS Edomex) y policías municipales, con apoyo de la Conagua, la CAEM y organismos operadores de agua locales.
Los operativos se harán en 48 municipios
Las corporaciones realizan operativos simultáneos en 48 municipios de la entidad, donde intervendrán en más de 190 pozos y tomas presuntamente vinculados con la extracción, sobreexplotación, acaparamiento y venta ilegal del agua, un delito que ha afectado el abasto en diversas comunidades mexiquenses.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, estas acciones se derivan de expedientes de investigación y denuncias ciudadanas que señalan la existencia de redes dedicadas al tráfico de agua, incluso con posibles vínculos entre particulares y funcionarios.
Autoridades precisaron que los operativos no interferirán con el funcionamiento de los pozos e infraestructura oficial, por lo que no se afectará el servicio en las colonias y comunidades. En caso de alguna contingencia, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) aplicará un plan de emergencia en coordinación con los tres niveles de gobierno.
Golpe duro contra el negocio ilegal de agua
El gobierno estatal destacó que el operativo representa un golpe directo contra el negocio ilegal del agua. Esa práctica, detalló, se ha extendido en zonas urbanas y rurales, afectando la distribución equitativa del recurso.
Además, se informó que durante los próximos días continuarán las inspecciones y aseguramientos, así como la integración de carpetas de investigación contra quienes resulten responsables del desvío o comercialización del agua.
Las autoridades reiteraron su compromiso de proteger el derecho al acceso al agua y advirtieron que las acciones serán permanentes para desmantelar las redes que lucran con este recurso esencial
