La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la iniciativa del diputado morenista Octavio Martínez Vargas, para tipificar como delito la práctica conocida como «montachoques», con penas de hasta 24 años de prisión y tres mil días de multa cuando se cometa en perjuicio de personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con el dictamen avalado, se impondrán hasta 12 años de cárcel y mil 500 días de multa a quien provoque intencionalmente un accidente vehicular con el fin de obtener un beneficio económico indebido mediante amenazas o engaños, simulando ser víctima del percance.
La pena se duplicará cuando las víctimas sean personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o en condición de vulnerabilidad, lo que convertiría al Estado de México en la primera entidad del país en legislar sobre esta modalidad de fraude.
Urgencia ante aumento de casos
La reunión de trabajo, presidida por la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio, del PAN, respaldó la urgencia de incorporar este delito al Código Penal mexiquense ante el aumento de casos documentados, principalmente en el municipio de Ecatepec, donde, según datos del promovente, se registran en promedio 15 extorsiones de este tipo al día, con ganancias ilícitas cercanas a 10 mil pesos por siniestro.
Martínez Vargas señaló que la práctica surgió en ese municipio durante administraciones pasadas, se expandió a localidades vecinas y posteriormente alcanzó la Ciudad de México.
Recordó también que tras la presentación de su iniciativa en el Congreso mexiquense, el diputado federal Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo, presentó en la Cámara de Diputados una propuesta similar para incluir el “fraude por colisión vehicular” en el Código Penal Federal, con sanciones de hasta ocho años de prisión.
La iniciativa para sancionar a los «montachoques» será turnada al Pleno del Congreso mexiquense para su discusión y eventual aprobación en los próximos días.
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Cuestionan operativo contra «huachicol de agua»
En la misma sesión, el legislador morenista aprovechó para cuestionar la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en el Operativo Caudal, desplegado el pasado fin de semana para combatir la extracción y comercialización ilegal de agua.
Dijo que, pese al aseguramiento de 322 pipas y 189 inmuebles vinculados con el llamado “huachicol de agua” en 48 municipios, no hay personas detenidas ni procesadas por estos hechos ni se han asegurado recursos económicos derivados de esta actividad ilícita.
Afirmó que la acción ha dejado afectaciones a hospitales, escuelas, centros de salud, mercados y cárceles, que ahora enfrentan problemas de abasto.
Martínez Vargas consideró que la falta de detenciones de líderes y presuntos responsables de la red de extracción ilegal evidencia omisiones de la fiscalía y de posibles autoridades que, dijo, “han tolerado un negocio millonario a costa de la población”.
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