En Oaxaca, la transparencia es un espectáculo de luces y humo. Los números oficiales presumen austeridad, pero el reflejo en los medios dice otra cosa: un Estado que gasta millones no para informar, sino para narrarse a sí mismo como epopeya. En el proyecto de presupuesto de este año, el gobierno de Salomón Jara Cruz destinó más de 340 millones de pesos a comunicación social, y otros 343 a servicios de medios y publicidad. La mitad de ese dinero no se traduce en claridad pública, sino en propaganda oficial disfrazada de mensaje institucional.
Para dimensionarlo: más de 238 millones se van en difundir mensajes por radio, televisión y otros medios sobre las actividades del gobernador. En teoría, son campañas informativas, en la práctica, es una especie de misa transmitida a diario. El culto a la “transformación” tiene horario, logotipo y hashtag.
Mientras tanto, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) recibió casi 73 millones para operar un sistema que, más que medio público, funciona como amplificador del boletín oficial. Pasó de ser la voz del Estado a ser la voz del gobernador, el trayecto ha sido breve y políticamente rentable.
La opacidad del gasto
El dinero fluye por los canales previsibles: la Coordinación General de Comunicación Social administra los contratos, supervisa la pauta y controla los tiempos. En teoría, transparenta. En la práctica, controla, reparte silencios. Su oficina reporta más de 50 conferencias semanales del gobernador y unas 600 preguntas respondidas, como si el número de micrófonos fuera sinónimo de libertad de expresión. Preguntas sembradas a cambo de derecho.
A su lado, la Secretaría de Finanzas libera los fondos con precisión quirúrgica, y su asesor, el argentino René Gonzalo Palacios, dicta la línea de imagen, estrategia y tono. El veterano de campañas priistas hoy asesora a un gobierno que se autoproclama “del pueblo”. Ironías del siglo XXI: la revolución comunicativa de la Cuarta Transformación en Oaxaca tiene acento bonaerense.
En enero, el gobierno gastó 736 mil pesos en anuncios de Facebook, equivalente al 83% de toda la publicidad digital del estado ese mes. Se contrataron empresas como la desprestigiada Badaboom para promover los logros del gobernador, pero no se sabe a qué costo ni bajo qué criterios. En los portales de transparencia, las cifras se diluyen en laberintos de PDFs y enlaces caídos. Las organizaciones civiles Fundar, Artículo 19, EDUCA hablan de opacidad sistemática, pero el gobierno responde con serenidad: “todo está disponible en línea”. Sí, quizá, pero no visible.
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La intimidación
A la sombra del gasto, crece otro fenómeno: el miedo silencioso en las redacciones. Desde diciembre de 2022 Oaxaca figura entre los 10 estados más peligrosos para el ejercicio periodístico y registró 19 agresiones a periodistas en 2024 documentadas por Artículo 19. La mayoría vienen de autoridades municipales o estatales. A veces no hay golpes, sólo llamadas, bloqueos o campañas de difamación en redes. La violencia digital es el nuevo toque de queda para la crítica.
En abril de 2023, el periodista Alain Albarrán fue golpeado en Tlaxiaco; en 2024, un delegado regional del gobierno intimidó a un reportero mixe por “publicar cosas feas”; en agosto de 2025, el director de Correo Mixteco fue agredido durante una cobertura en el Istmo, y recientemente Heber Elorza, del medio digital Informando a Oaxaca, fue amenazado de muerte por denunciar el autoritarismo y el nepotismo en Mitla. Los casos se repiten con una impunidad que roza la rutina y atemoriza a directores que censuran columnas y reportajes.
La situación es brutal: mientras se destinan millones a “comunicar”, los periodistas que informan por cuenta propia son hostigados, judicializados o silenciados. La libertad de expresión, aquí, se mide en conferencias transmitidas, no en voces que pueden hablar sin miedo.
Marketing con outsourcing
En redes sociales, la estrategia de comunicación tiene rostro de bots patrióticos. Cuentas recién creadas que aplauden cada publicación del gobernador y atacan a quien critique su gestión. En enero, Facebook detectó interacciones falsas con origen en Vietnam y Sudamérica en publicaciones oficiales.
El estratega extranjero niega toda relación con esas campañas. Pero los ecos son inconfundibles: el mismo estilo de saturación, la misma narrativa de polarización, el mismo manual de “divide y desinforma”. No se trata de gobernar, sino de dominar el relato.
En Oaxaca, la prensa crítica se enfrenta no solamente al poder político, sino a un aparato de propaganda automatizado, financiado con dinero público. En la práctica, la información oficial no se difunde: se impone la propaganda.
Los trabajadores invisibles del discurso
Mientras en las cúpulas se decide cuánto costará la próxima campaña de imagen, en el campo de acción sobreviven los trabajadores precarizados de los medios estatales. En la CORTV, una parte del personal trabaja sin seguridad social ni derechos laborales básicos.
A eso se suma la presión editorial. Instrucciones verbales, listas de temas prohibidos, y la consigna tácita de no incomodar al jefe. Son comunes los casos de empleados del gobierno obligados a cubrir actos oficiales fuera de horario, sin viáticos, y bajo amenaza de despido si se niegan.
La precarización no es un efecto colateral: es una estrategia de control. Un periodista sin estabilidad no pregunta; un productor sin derechos no filtra; un medio sin autonomía no analiza. La docilidad se paga con empleo temporal y la crítica con desempleo permanente.
En este ecosistema, los medios del Estado —que deberían servir a la pluralidad democrática— se convierten en laboratorios de obediencia. La información fluye sólo si fortalece el relato del poder.
Espejo de un modelo
El caso oaxaqueño no es aislado. En todo el país, los gobiernos han perfeccionado un sistema de simulación: gastar en nombre de la transparencia para mantener el control narrativo. La propaganda se disfraza de “comunicación institucional”.
Salomón Jara, con su discurso de “gobierno del pueblo y para el pueblo”, reproduce las viejas fórmulas priistas: centralismo, control mediático y una fe inquebrantable en la publicidad como herramienta política. El mensaje no ha cambiado, sólo el logotipo.
La mayor parte de la prensa local, fragmentada y vulnerable, sobrevive entre la cooptación, vía pago de publicidad, y la resistencia crítica de los menos. Los medios críticos se reducen, las redacciones independientes se sostienen con donativos y crowdfunding, mientras los boletines oficiales se multiplican con fondos públicos.
No es sólo un problema de dinero, sino de modelo de poder. En Oaxaca, el presupuesto de comunicación social funciona como un espejo que devuelve al gobernador la imagen que quiere ver: la de un líder cercano, eficiente, transformador. Detrás del reflejo, sin embargo, se esconde un aparato de censura y simulación sostenido por los impuestos de los oaxaqueños.
Rescate de la verdad
La comunicación social es un servicio público, no un instrumento de lealtad política. Mientras no existan mecanismos de auditoría específicos ni sanciones a la opacidad, los presupuestos seguirán siendo terreno fértil para la propaganda y la manipulación.
Oaxaca necesita un sistema estatal de comunicación pública independiente, con autonomía editorial, derechos laborales garantizados y controles ciudadanos. No basta con saber cuánto se gasta: hay que saber quién decide, a quién se beneficia y qué se silencia.
La pluralidad democrática no se defiende con slogans, sino con ciudadanos que exigen saber en qué se gasta su dinero y qué voces se están callando con él. Cada peso invertido en propaganda es un peso que se le quita a la verdad.
En Oaxaca —como en México— el derecho a estar informados no se mendiga: se ejerce, se defiende y, si es necesario, se reconquista.
