Rediseño del gasto en el PEF 2026 concentra poder y debilita instituciones
PEF 2026: rediseño del gasto revela prioridades
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, con un monto de 10.19 billones de pesos y un crecimiento real del 5.9 % frente a 2025, marca una reorganización profunda del gasto público. Aunque mantiene el discurso de combate a la pobreza y fortalecimiento del Estado, el diseño concentra recursos en subsidios directos y gasto militar, mientras reduce capacidades institucionales en salud, educación, justicia, medio ambiente y desarrollo productivo.
Seguridad: el retroceso del control civil
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sufrirá un recorte del 18.6 %, que limita su margen operativo frente a la violencia cotidiana. En contraste, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) recibirá 170 mil 753 millones de pesos, 7.9 % más, al absorber funciones de la Guardia Nacional. También la Fiscalía General de la República (FGR) pierde recursos, debilitando la procuración de justicia. El resultado es claro: crece el aparato militar mientras se contrae la seguridad civil.
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Transferencias directas: alivio sin base productiva
El gasto social se concentra en transferencias directas, con un aumento del 16.3 % para la Secretaría del Bienestar. Sin embargo, se reducen los apoyos a la producción y al empleo formal. La Secretaría del Trabajo (STPS) pierde 731 millones, y la Secretaría de Agricultura (SADER) mantiene su techo global, pero recorta programas de fomento. La consecuencia: los apoyos llegan al bolsillo, no al sistema productivo, dejando sin impulso a MIPYMES rurales y a la economía informal, donde se concentra la mayor pobreza.
Salud y educación: servicios más delgados en el PEF 2026
Aunque IMSS e ISSSTE reciben aumentos, el gasto en salud permanece en 2.5 % del PIB, muy por debajo del 6 % recomendado por la OMS. La Secretaría de Salud (SSA) reduce sus programas de 20 a 16, compactando áreas críticas como obesidad, VIH y vigilancia epidemiológica. En educación, la SEP crece 6.4 %, pero la educación superior cae 4.7 %, afectando a la UNAM, IPN y UAM. El CONAFE pierde 13.7 %, debilitando la educación comunitaria rural. El acceso mejora en el papel, pero los servicios se adelgazan en el territorio.
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Cultura, medio ambiente y contrapesos: mínimos históricos
La Secretaría de Cultura sufre un recorte del 16.1 %, y la CONANP recibe el presupuesto más bajo en 21 años, según la coalición NOSSA. Tras la desaparición del INAI y el IFT en 2025, sus funciones —absorbidas por dependencias del Ejecutivo— no tienen asignaciones equivalentes, reduciendo autonomía técnica y contrapesos. En total, se eliminan 347 programas, el 38.9 % del total, afectando áreas de salud, medio ambiente e infraestructura básica.
Energía e infraestructura: concentración sin redistribución
La Secretaría de Energía (SENER) obtiene un alza del 86.8 %, concentrando recursos en proyectos emblemáticos. En cambio, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reduce 75 % sus programas de inversión, frenando la conectividad regional y el desarrollo territorial. El impulso a las obras federales no se traduce en redistribución ni cohesión regional.
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Conclusión: un Estado más central, menos plural
El PEF 2026 no solo redistribuye el dinero: redibuja el poder. Refuerza el control central, militariza funciones civiles y debilita instituciones que sostienen la equidad, la producción y la vida comunitaria. Aunque conserva la retórica de justicia social, su arquitectura favorece la concentración del poder y la dependencia de subsidios, sin alterar las condiciones estructurales de desigualdad.
