El gobierno de Baja California recuperó 172 millones de pesos derivados de acciones de vigilancia y procesos de responsabilidad administrativa y penal.
En el marco de su Cuarto Informe de Gobierno, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó avances en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Durante la presente administración se presentaron 51 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), de las cuales 18 se han judicializado, con un monto implicado de 625 millones de pesos.
La restitución de los 172 millones de pesos se concretó en julio de 2025 mediante un acuerdo reparatorio con Banca Afirme, incluyendo 123 millones que se encontraban retenidos desde 2022, junto con los rendimientos acumulados.
Asimismo, la gobernadora informó sobre la reestructuración de la Secretaría de la Honestidad, con el objetivo de fortalecer los sistemas de control y vigilancia interna en la administración estatal.
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Impulso de reformas legales
En estos cuatro años también se impulsaron reformas legales para ampliar las herramientas institucionales en la prevención y sanción de actos indebidos.
Como parte de estas acciones, se suscribió el Pacto de Combate a la Corrupción, mediante el cual los entes públicos estatales se comprometieron a operar bajo criterios de legalidad, ética y rendición de cuentas.
Paralelamente, se integró el Sistema Estatal de Fiscalización de Baja California, que articula la supervisión del uso de recursos con la participación de organismos autónomos y órganos internos de control.
En estas acciones destaca la participación ciudadana, ya que se conformación 667 comités de observadores sociales para supervisar obras públicas e inversión estatal entre 2022 y 2025. Además, a través de una unidad móvil y plataformas digitales se han recibido y atendido más de 26 mil reportes de forma confidencial, explicó la gobernadora.
Marina del Pilar afirmó que su administración mantendrá la vigilancia y seguimiento permanente en materia de control de recursos públicos, subrayando que el ejercicio del servicio público “es para servir y no para servirse”.
