En fast track, con la dispensa de trámites, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 467 votos a favor, el dictamen que prohíbe a bancos el cobro de comisiones y cargos por tarjetas de crédito no solicitadas.
El dictamen modifica la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito emitidas por entidades financieras y comerciales se turnó al Senado para sus efectos constitucionales.
La argumentación
Al presentar su propuesta, a la que se le consideró de urgente resolución para su discusión y votación de inmediato, Ricardo Monreal refirió que casi 40 millones de personas tienen una tarjeta de crédito o de débito.
El coordinador morenista expuso que muchas instituciones financieras de crédito, a través de campañas o de mecanismos propios de la institución, envían tarjetas a los domicilios de las personas sin que éstas las hayan solicitado.
Mencionó que en el correr del año, estas instituciones cobran anualidades, incluso intereses moratorios por no pagar esa anualidad y, al final, muchos de estos usuarios terminan en el buró de crédito negativo.
La reforma estipula que las entidades financieras y las entidades comerciales no pueden cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados previamente en el contrato de adhesión o sin consentimiento expreso del usuario, dijo Monreal.
Además, abundó, se establece que, en los formularios utilizados para la contratación, además de constar que fue hecho del conocimiento del cliente el contenido del respectivo clausulado, mientras no se acredite el consentimiento expreso, no podrán generarse ningún cargo o comisión.
Monreal detalló que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito deberán garantizar toda la información sobre costos, cargos y comisiones asociados al producto, de manera clara, veraz y suficiente, conforme los principios de transparencia, buena fe y protección al usuario.
Garantías para los usuarios
Según la iniciativa que se aprobó, las entidades emisoras de estos medios de disposición deben garantizar al usuario el derecho de cancelarlas y ofrecer para ello mecanismos presenciales, telefónicos y digitales.
Los mecanismos digitales deberán incluirse en las aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales mediante un botón visible y de acceso directo disponible las 24 horas del día todo el año.
Asimismo, establece que la cancelación de tarjetas de crédito o débito deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco días a partir de la solicitud, sin costo alguno para el usuario, prohibiendo cualquier cargo, comisión o penalización asociada a la cancelación.
Proponen Comisión para dar seguimiento a agresiones contra servidores públicos
El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para crear una Comisión ordinaria para dar seguimiento a las agresiones por el crimen organizado contra autoridades, policías y funcionarios.
El diputado panista, Germán Martínez Cázares, señaló que, de aprobarse, la comisión estaría integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios y comenzaría sus trabajos con el caso del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado recientemente en Michoacán.
Además, tendría la facultad de solicitar información a las autoridades, convocar comparecencias y elaborar informes para garantizar que los ataques contra funcionarios públicos no queden impunes.
Subrayó la urgencia de que la Cámara de Diputados asuma su papel de control parlamentario frente al alarmante aumento de asesinatos y agresiones contra autoridades locales, policías, jueces y otros funcionarios públicos.
De esta forma, planteó una reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General para crear la Comisión Ordinaria para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos por parte de la Delincuencia Organizada.
Martínez Cázares refirió que entre 2018 y 2025 se documentaron más de 650 homicidios de servidores públicos y 2024 fue el más letal para figuras políticas en México.
En ese contexto, expuso que la comisión propuesta investigaría, daría seguimiento y emitiría recomendaciones legislativas, administrativas y presupuestales para fortalecer la seguridad institucional en los tres niveles de gobierno.
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