Gobierno y alcaldes revisan estrategia de seguridad en Michoacán
Por Carlos Lara y Francisco Castellanos
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, encabezaron este jueves un recorrido de supervisión en Uruapan. Evaluaron despliegues y acciones de contención del Ejército y la Guardia Nacional como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Durante la visita, García Harfuch reconoció la labor del personal militar en zonas de riesgo. Más tarde, ambos funcionarios se trasladaron a Morelia para participar en una reunión del Gabinete de Seguridad federal. El encuentro incluyó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, legisladores, alcaldes y representantes del sector productivo.
Con el fin de fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la Presidenta @Claudiashein, los titulares de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, y el Lic Lázaro Cárdenas Batel, nos reunimos en Morelia con el gobernador @ARBedolla, autoridades… pic.twitter.com/hZLdRMKp8J
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 13, 2025

Presentan avances y despliegue operativo
La reunión se realizó en el cuartel de la 21 Zona Militar. Su objetivo fue revisar avances y reforzar la estrategia instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese marco, la Secretaría de Marina presentó la Operación Michoacán, orientada a desarticular estructuras criminales.
La Marina mantiene desplegados más de mil 700 elementos, junto con equipos especializados, aeronaves, helicópteros, buques y vehículos tácticos. También anunció un proyecto para ampliar la capacidad del puerto de Lázaro Cárdenas, destacando la conexión entre desarrollo económico y estabilidad en seguridad.

Respaldan estrategia, pero exigen recursos y justicia
Aunque el gobierno presentó el encuentro como ejercicio de coordinación, varios alcaldes expresaron preocupaciones puntuales. Presidentes municipales de Morelia, Huetamo, Yurécuaro, Sahuayo, Álvaro Obregón, José Sixtos Verduzco, Múgica y Ario respaldaron la estrategia federal, pero exigieron vigilancia en carreteras, fortalecimiento policial y presupuesto suficiente.
El alcalde de Sahuayo, Manuel Gálvez Sánchez (PAN), lamentó que no se abordara el tema de recursos. El edil de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, fue enfático: “Los michoacanos no queremos un quinto plan, queremos que este funcione.”
Cinco propuestas concretas para el Plan Michoacán
Martínez Alcázar presentó cinco propuestas al secretario García Harfuch:
- Fortalecer las policías municipales.
- Depurar corporaciones.
- Escuchar a alcaldes y empresarios.
- Vigilar accesos territoriales.
- Robustecer la Fiscalía General del Estado.
Una omisión notoria fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido días antes. Aunque el hecho marcó el contexto inmediato, ninguna autoridad lo mencionó durante la reunión.

Pendientes: capacidades locales y acceso a la justicia
Los alcaldes coincidieron en que la intervención federal es temporal, pero los gobiernos locales permanecen. Por ello, pidieron recuperar programas como el FORTASEG, que financiaban controles de confianza, capacitación y equipamiento.
También insistieron en depurar corporaciones y garantizar que cada policía responda al interés público. Martínez Alcázar advirtió que muchos delitos se cometen desde otros territorios. Por eso, pidió blindar entradas y salidas municipales.
Finalmente, señaló que el mayor desafío es estructural: “El principal problema de la inseguridad en México es el Estado de Derecho. Los ciudadanos no tienen acceso a la justicia.”

Balance y desafíos estructurales del Plan Michoacán
La reunión en Morelia permitió contrastar dos narrativas: por un lado, el despliegue federal con cifras, operativos y anuncios; por otro, las exigencias locales que apuntan a retos estructurales no resueltos.
Los alcaldes coincidieron en que la presencia de fuerzas federales es transitoria, mientras que los gobiernos municipales enfrentan demandas permanentes. Por ello, insistieron en recuperar programas como el FORTASEG, que antes financiaban controles de confianza, capacitación y equipamiento policial.
También subrayaron la necesidad de depurar corporaciones en todos los niveles. Señalaron que ningún elemento debe operar con recursos públicos sin responder al interés ciudadano.
Además, alertaron sobre la movilidad delictiva entre municipios. Propusieron reforzar la vigilancia en carreteras, accesos y fronteras territoriales para evitar que grupos criminales operen desde zonas colindantes.
Finalmente, plantearon que el mayor desafío es el acceso a la justicia. La falta de capacidad institucional en la Fiscalía General del Estado y la debilidad del Estado de Derecho impiden que los ciudadanos obtengan respuestas. Como expresó el alcalde de Morelia: “Los ciudadanos no tienen acceso a la justicia y los delincuentes ponen ejemplos callando voces.”
Este balance revela que, más allá del despliegue operativo, la construcción de paz en Michoacán exige fortalecimiento institucional, presupuesto sostenido y coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno.







