En la carretera Uruapan-Paracho, a la altura de Capácuaro, encuentran sin vida a dos jóvenes señalados como presuntos participantes en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Entre los fallecidos se encuentra un adolescente de 16 años, confirmó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla. El mandatario estatal alertó sobre el reclutamiento de menores por el crimen organizado en Michoacán.
Localizaron los cuerpos el lunes 10 de noviembre. Nueve días antes, Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años, identificado como el autor material del ataque, murió a manos de escoltas municipales tras el magnicidio cometido en plena celebración del Día de Muertos en Uruapan.
Ramírez Bedolla detalló que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la participación de los dos ejecutados en la agresión que costó la vida al edil. “Estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos. Uno tenía 16 años”, declaró el mandatario. Añadió que la información la revisaron en conjunto con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Involucramiento de menores en actividades delictivas
El caso puso en evidencia la grave situación de involucramiento de menores en actividades delictivas en la región. Esta práctica existe especialmente en municipios controlados por grupos dedicados a la extorsión y el dominio territorial.
Respecto a la muerte del primer agresor, la FGE mantiene una investigación sobre si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los escoltas. “Se está investigando por qué al homicida lo abatieron después de haber sido detenido”, señaló Ramírez Bedolla.
El gobernador confirmó que el alcalde Manzo contaba con un esquema de seguridad integrado por ocho escoltas y 14 elementos de la Guardia Nacional.
Buscan a los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo
Tras el hallazgo de los cuerpos, el Gabinete de Seguridad federal llegó a Uruapan. En ese municipio sostuvo reuniones con la alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Manzo, así como con autoridades estatales y representantes del sector aguacatero.
En dicho encuentro se acordó reforzar la vigilancia en la región, dar atención a las denuncias por extorsión y realizar evaluaciones sobre los esquemas de protección para funcionarios públicos. Mientras tanto, la FGE continúa con peritajes y análisis de comunicaciones para identificar posibles autores intelectuales del asesinato.
