La diputada del Partido Verde Ecologista de México, María Graciela Gaitán Díaz, presentó una iniciativa a la Ley General de Educación, para la instalación obligatoria de sistemas de videovigilancia escolares, como parte de las acciones de infraestructura y seguridad educativa.
De acuerdo con la iniciativa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá contemplar en los lineamientos para la construcción, equipamiento y mantenimiento de escuelas la colocación de cámaras de circuito cerrado o en tiempo real en patios, accesos a baños y áreas de tránsito común.
Estos dispositivos deberán estar conectados al centro de comando escolar, así como al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), garantizando la operación bajo normas estrictas de privacidad y protección de datos personales.
Las escuelas son el segundo espacio de convivencia
Gaitán Díaz argumenta que las escuelas son el segundo espacio de convivencia más relevante para niñas, niños y adolescentes, por lo que es indispensable asegurar entornos libres de violencia y que protejan su integridad física, emocional y psicológica.
Además, mencionó el estudio Entornos escolares seguros (SEP, 2023), que recomienda reforzar las acciones preventivas ante el aumento de riesgos dentro de los centros educativos.
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La legisladora refirió que México ocupa el primer lugar en casos de bullying en educación básica dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), siete de cada 10 estudiantes sufrieron algún tipo de violencia escolar.
Organismos como Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) también han alertado sobre los efectos del acoso en el rendimiento académico y la salud mental.
Los protocolos escolares son insuficientes
Si bien existen protocolos escolares para manejar riesgos y denuncias, Gaitán Díaz considera que son insuficientes para frenar la creciente incidencia de agresiones.
Por ello, sostiene que la adopción de sistemas de videovigilancia escolares es una medida necesaria, proporcional y urgente que permitiría identificar responsables, prevenir incidentes y actuar con mayor oportunidad.
La propuesta se alinea con los artículos 3, 4 y 16 constitucionales, que obligan al Estado a garantizar educación en espacios seguros y libres de violencia, así como a proteger a la infancia sin vulnerar su privacidad.
También, abundó Gaitán Díaz, responde a compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Los sistemas de videovigilancia escolares contribuirían a fortalecer la prevención, brindar mayor tranquilidad a madres y padres de familia, y avanzar hacia escuelas más seguras para niñas, niños y adolescentes, concluyó.
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