La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, al asegurar que su propósito central es ordenar el manejo del recurso hídrico, impedir su explotación indiscriminada y garantizar que el acceso al agua sea un derecho para la población..
Durante su conferencia de prensa, aseguró que la propuesta ha sido respaldada por organizaciones campesinas, productivas, industriales y autoridades locales.
La inconformidad proviene principalmente de quienes buscan conservar concesiones excesivas o irregulares, destacó.
Sheinbaum explicó que la iniciativa mantiene la figura de transmisión de derechos, pero bajo criterios estrictos de transparencia y supervisión directa de la Comisión Nacional del Agua.
El objetivo, explicó, es evitar que el agua sea tratada como una mercancía y cerrar espacios a actos de corrupción detectados durante años en el sistema de concesiones.
Ajustes y diálogo con productores
Destacó que en el proceso legislativo se incorporaron ajustes derivados de mesas de trabajo con productores agrícolas, ejidatarios y ganaderos.
Entre ellos, precisiones para agilizar la transferencia de pozos dentro de las familias y reglas claras para el uso agropecuario sin necesidad de trámites duplicados cuando una misma fuente de agua se utiliza tanto para cultivo como para ganadería.
Según dijo, estas modificaciones atendieron dudas generadas en gran parte por información errónea difundida en las últimas semanas.
Ordenamiento y registro único
La mandataria subrayó que su administración encontró al inicio del sexenio un sistema altamente desordenado, con tres bases de datos diferentes sobre concesiones de agua, contradictorias entre sí, y permisos vencidos.
Aseguró que esta falta de control permitió prácticas como la venta de agua desde distritos de riego hacia municipios que carecen del servicio, pese a que dichos distritos no pagan por el recurso.
Sheinbaum afirmó que su gobierno ya consolidó un registro único de concesiones que permitirá dar seguimiento puntual a cada permiso y garantizar un manejo más responsable del recurso.
Añadió que, en regiones con estrés hídrico, se dará prioridad al consumo humano antes que a cualquier uso comercial o industrial.
“La mayoría entiende la necesidad de ordenar y transparentar el sistema. La oposición viene de quienes acumularon concesiones sin control y hoy temen perder privilegios”, señaló.
Según la presidenta, la reforma busca poner fin a la discrecionalidad y asegurar que el agua se administre con criterios de equidad, legalidad y sustentabilidad.
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