La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que el gobierno federal ha logrado un avance sustancial en el fortalecimiento del campo, gracias a programas que, dijo, pocos países ofrecen a sus productores.
En la conferencia matutina destacó particularmente el esquema de fertilizantes, considerado por la funcionaria como una pieza clave para impulsar la autonomía alimentaria y mejorar los rendimientos agrícolas.
Rodríguez explicó que este modelo se sostiene en la coordinación entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y los productores, quienes han adoptado prácticas que favorecen mejores cosechas.
Aseguró que el respaldo gubernamental ha permitido consolidar una red de subsidios y apoyos directos que, más allá del financiamiento, dan estabilidad a un sector expuesto a los vaivenes del mercado global.
Desafíos al campo ponen a prueba capacidad gubernamental de respuesta
No obstante, reconoció que los retos persisten: los precios internacionales, la disponibilidad de insumos y las presiones comerciales continúan poniendo a prueba la capacidad de respuesta del país.
Frente a ello, adelantó que Gobernación seguirá encabezando mesas de diálogo con especialistas para diseñar soluciones que protejan los intereses del campo mexicano y permitan mantener el ritmo de crecimiento observado en los últimos años.
La secretaria enfatizó que el compromiso del gobierno federal es dar continuidad a los programas existentes y ampliarlos donde sea necesario.
“El objetivo es que los productores tengan mejores resultados y que el país avance en materia de autosuficiencia alimentaria”, dijo, al recalcar que la administración cuida que cada iniciativa esté alineada con una estrategia de largo plazo.
Evaluación en materia legislativa
En otro punto, Rodríguez abordó la situación de la Ciudad de México y la necesidad de revisar el conjunto de leyes ambientales vigentes.
Explicó que, aunque desconoce el grado de avance de los trabajos legislativos recientes, existen insumos académicos, particularmente estudios elaborados por institutos de la UNAM, que pueden aportar sustento técnico para una actualización normativa.
Afirmó que la evaluación corresponde tanto al gobierno capitalino como al Congreso local, que deberán determinar si las leyes actuales responden a los desafíos de la ciudad en materia de protección ambiental.
Además, señaló que la administración de la capital ha mostrado sensibilidad frente a estos temas, pero insistió en que una revisión profunda sería oportuna para garantizar un equilibrio entre desarrollo urbano y preservación ecológica.
Rodríguez concluyó que la política pública, tanto en el campo como en la regulación ambiental, debe mantenerse en constante revisión para ajustarse a las necesidades reales del país.
Por último, subrayó que el gobierno federal continuará trabajando de forma coordinada con productores, especialistas y autoridades locales para asegurar que las decisiones se basen en evidencia y respondan al interés público.
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