Cada año, la corrupción a nivel global desvía 2.6 billones de dólares, una suma superior al 5% del Producto Interno Bruto mundial.
Ante ello, la Asamblea General de la ONU adoptó, el 31 de octubre de 2003, la resolución A/RES/58/4, que estableció el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. El objetivo es aumentar la sensibilización sobre este fenómeno que afecta negativamente a toda la sociedad.
Ese mismo día, la Asamblea aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la finalidad de la Convención es promover y fortalecer medidas para prevenir y combatir la corrupción con mayor eficacia, fomentar la cooperación internacional y la recuperación de activos, así como impulsar la integridad y la rendición de cuentas en la gestión de lo público. Transparencia Internacional define este flagelo como el abuso del poder para beneficio propio.
México ante el espejo: paridad legislativa y exclusión del poder
Cada año, la corrupción desvía 2.6 billones de dólares, una suma superior al 5% del Producto Interno Bruto mundial. En el caso de México, el país cuenta con una legislatura federal con paridad de género, un avance significativo.
La evidencia indica que la presencia de mujeres en cargos electos mejora la asignación de recursos públicos y aumenta la probabilidad de que los intereses de mujeres, niñas y niños entren en la agenda legislativa.
Sin embargo, en América Latina las mujeres, que representan la mitad de la población, ocupan solo una cuarta parte de los cargos ministeriales, legislativos y otros altos puestos públicos. Esta exclusión relativa del poder también las mantiene, en cierta medida, al margen de las redes de corrupción institucionalizadas.
El enfoque de género: una herramienta clave para la justicia
Existe un debate sobre si las mujeres son menos corruptas. Los estudios sugieren que la conducta responde más a patrones de género ligados al acceso al poder que a una ética inherente.
Lo indiscutible es que la corrupción impacta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, obstaculizando su acceso a servicios de salud, justicia y seguridad, y limitando su participación en la toma de decisiones públicas.
Por ello, las políticas anticorrupción, alineadas con los objetivos de la Convención de la ONU, deben incorporar de forma transversal la perspectiva de género. Esto implica desarrollar protocolos de denuncia específicos, mapas de riesgo con este enfoque y mecanismos robustos de protección para las mujeres que decidan reportar estos delitos.
Estrategias con rostro de mujer para la prevención y sanción
Para prevenir y sancionar la corrupción con enfoque de género, se requieren herramientas concretas. Expertos proponen la creación de bancos de casos que evidencien los impactos diferenciados, metodologías de auditoría social accesibles y la capacitación de operadores de justicia.
También son cruciales las estrategias de comunicación que fomenten la denuncia entre las mujeres y los sistemas de protección para las denunciantes. Integrar este enfoque no es solo una cuestión de equidad, sino una estrategia más efectiva para desmantelar un sistema que perpetúa la desigualdad y debilita el estado de derecho.
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