El gobierno federal formalizó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, un plan que fija plazos a los gobiernos estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR) para reforzar la atención, investigación y persecución de este delito de cara a 2026, según un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El documento, avalado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, establece que los estados deberán impulsar reformas legales en sus congresos locales para armonizar el delito de extorsión y reportar avances al Secretariado Ejecutivo a más tardar en enero próximo.
A su vez, la FGR tendrá que emitir un manual nacional para la recepción de denuncias y la investigación del delito, con el propósito de unificar criterios y mejorar la respuesta institucional.
La estrategia también vincula la asignación de recursos federales en seguridad pública a resultados medibles y a la correcta integración de datos en el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, como parte de un esquema de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Autoridades federales reconocen que la extorsión se ha consolidado como uno de los delitos de mayor impacto económico y social, por lo que el plan busca sentar bases operativas y legales para contener su crecimiento en los próximos años.
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