Con una inversión total de 2 mil 222.6 millones de pesos, los gobiernos federal y de Sonora informaron que comenzó el programa integral de remediación del río Sonora, afectado por el derrame de desechos tóxicos ocurrido en 2014.
Al mismo tiempo, confirmaron que ya se realizan los pagos de indemnización a trabajadores mineros, viudas y familias, tras la conclusión de la huelga en Cananea.
¿De dónde viene el financiamiento?
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, explicó que el financiamiento del programa proviene en 70% de Grupo México, 22% del gobierno federal y 8% del gobierno estatal.
Detalló que la empresa minera aportará mil 500 millones de pesos, además de 59 millones depositados previamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019; mientras que la Federación contribuyó con 483.6 millones y el gobierno de Sonora con 180 millones de pesos.
Indicó que ya se alistan las tareas especializadas para la remediación ambiental, entre ellas estudios técnicos para determinar la extensión del daño en suelos y sedimentos, así como la aplicación de acciones de saneamiento.
En materia de justicia ambiental, subrayó, se establecerán mecanismos de restauración a lo largo de la cuenca del río Sonora.
En el rubro del agua, se reforzará el monitoreo permanente de la calidad del río mediante un centro de visualización en tiempo real, además de la adquisición de nuevo equipo, mantenimiento de infraestructura y asignación de personal certificado al Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste.
También se contempla la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en cuatro plantas actualmente en operación.
“El Gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México con el cumplimiento de condicionantes para llegar a un buen acuerdo y esto traerá un gran beneficio a las comunidades y a los mineros de Cananea. Hoy culminan 18 años de lucha, es un hecho histórico”, sostuvo Rodríguez.
Los daños ecológicos y económicos
A su vez, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, recordó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre impactó cerca de 289 kilómetros de la cuenca del río Sonora y afectó a más de 20 mil habitantes de distintos municipios.
“Estas afectaciones tuvieron grandes impactos a la salud pública, un acceso muy limitado al agua potable y daños a la economía local”, afirmó.
Explicó que se registró contaminación de suelos, agua superficial y subterránea, así como presencia de metales pesados y sustancias tóxicas que dañaron a la flora y fauna de la región.
Precisó que, tras un proceso de diálogo iniciado en noviembre con la empresa y autoridades de los tres niveles de gobierno, se logró un convenio que incorpora las principales demandas de las comunidades afectadas.
Cuidados a la salud
En materia de salud, Bárcena detalló que el hospital comunitario de Ures se convertirá en hospital general, con mayor número de camas y quirófanos, además de una unidad de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico.
De igual forma, se instalará un laboratorio especializado en metales pesados y se implementará un monitoreo sanguíneo permanente operado por IMSS-Bienestar.
Indicó que en el ámbito del agua potable se contempla la recuperación de plantas fuera de operación y la garantía de funcionamiento de potabilizadoras y sistemas de desinfección durante al menos cinco años.
En cuanto a los suelos contaminados, se realizará un diagnóstico integral de la ribera del río para identificar los sitios afectados y aplicar mecanismos de remediación con sustento técnico y científico.
“La inversión en todos estos rubros será de mil 500 millones de pesos”, concluyó la funcionaria federal.
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