Con la entrada en vigor de la derogación del Decreto que permitía la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, concluye una medida que abrió la puerta a la circulación de casi tres millones de unidades en calidad de contrabando por todo el país, conocidas como “autos chocolate”.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la disposición que fue publicada el 31 de diciembre del 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que aplica desde este 1 de enero, pone fin a un esquema que impactó negativamente al mercado interno, al medio ambiente y a la seguridad vial.
Mercado debilitado por la irregularidad de autos chocolate
- Dos millones 987 mil 839 vehículos ingresaron bajo el régimen de regularización, muchos de ellos altamente contaminantes y de dudosa procedencia.
- La medida generó un retroceso en la seguridad vial y en la competitividad del sector automotor.
- La AMDA sostuvo que se trató de una “legalización del contrabando” que restó certidumbre a la industria.
Regreso a reglas claras
El organismo destacó que, con la derogación, la internación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá deberá ajustarse nuevamente al Decreto de importación Definitiva de Vehículos Usados, vigente desde 2011.
Este marco establece:
- Reglas más seguras y transparentes para la importación.
- Pago justo de impuestos, lo que fortalece la recaudación.
- Mayor certeza jurídica y seguridad en la tenencia de las unidades.
Reconocimiento a la decisión presidencial
La AMDA reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por atender las demandas de los distribuidores y eliminar un esquema que fomentaba la irregularidad.
El organismo adelantó que continuará colaborando con las autoridades en dos frentes clave:
- La consolidación de una base de datos confiable a través del Registro Público Vehicular (Repuve).
- El impulso de un programa de renovación del parque vehicular, tanto en unidades ligeras como pesadas.
Un nuevo capítulo para el sector automotor
La conclusión del decreto marca un parteaguas para el mercado interno: se restablece el orden en la importación de vehículos y se abre la posibilidad de avanzar hacia un parque vehicular más seguro, menos contaminante y con reglas claras para todos los actores de la industria.
