En la madrugada de este 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en Venezuela que concluyó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a quienes trasladaron a territorio estadounidense para enfrentar cargos penales.
Esta acción representa el episodio militar más dramático en la región latinoamericana en décadas y generó diversas reacciones a nivel internacional. La intervención derivó de un conjunto de factores políticos, económicos y de seguridad tras años de tensiones entre ambos países.
Así, Nicolás Maduro, quien llegó a la presidencia de Venezuela, tras la muerte de Hugo Chávez, terminó con su mandato que duró 12 años.
Acusaciones de narcotráfico y terrorismo
Una de las principales justificaciones de la administración estadounidense para intervenir fue la acusación de narcoterrorismo, bajo el argumento de que Maduro y su gobierno encabezaban organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico internacional, específicamente el denominado “Cartel de los Soles”, supuesto grupo involucrado en el envío de cocaína hacia Estados Unidos y en colaboración con cárteles como el de Sinaloa.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que tanto Maduro como su esposa enfrentarían cargos relacionados con conspiración de narcoterrorismo en tribunales de Nueva York, y que se había ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura.
«Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, dijo en la red social X.
Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026
Estados Unidos argumenta que estas acusaciones forman parte de un proceso para combatir redes criminales transnacionales que afectan directamente su seguridad nacional y la estabilidad regional.
Presión política y cuestionamiento de legitimidad
Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos se remontan al gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, con la llegada de Maduro a la presidencia en 2013, las relaciones entre ambos países se tornaron aún más hostiles, al asegurar que «el imperio yanki» amenazaba al gobierno venezolano.
Destaca el señalamiento de Donald Trump a Maduro como líder ilegítimo y autoritario, sin reconocer su gobierno tras las últimas elecciones.
Por su parte, Maduro, además de mantener su discurso antiimperialista, señaló reiteradamente el interés del gobierno estadounidense por derrocarlo, al enfrentar sanciones económicas, aislamiento diplomático y apoyo a la oposición. El rechazo del mandatario venezolano a renunciar, incluso tras ofertas de salida negociada, elevó la confrontación a niveles extremos.
Acción militar: escalar de sanciones a ataque directo
Aunque Estados Unidos había aplicado sanciones económicas, bloqueos de activos y recompensas por información sobre Maduro, la intervención militar directa representó un punto de quiebre sin precedentes.
Según reportes, la operación —denominada Operation Absolute Resolve— implicó bombardeos en instalaciones militares como Fuerte Tiuna y La Carlota, en Caracas, y se planificó por unidades de fuerzas especiales estadounidenses con el objetivo específico de capturar al presidente venezolano.
Dimensiones estratégicas: petróleo, economía y seguridad
Analistas internacionales señalan que, más allá de las acusaciones judiciales, existen motivos estratégicos y económicos en el trasfondo de la intervención. Venezuela concentra las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, y el control de los recursos energéticos ha sido históricamente un elemento central en su relación con Estados Unidos.
Mientras las sanciones y bloqueos económicos afectaron la producción y exportación venezolana, Washington ha manifestado interés en influir en la política petrolera del país sudamericano.
La combinación de crisis económica interna, declive de la producción petrolera y presión internacional agravó la confrontación hasta justificar, para la administración estadounidense, el uso de la fuerza armada como un medio extremo para modificar el curso político.
Reacciones y legalidad internacional
Ciudadanos venezolanos alrededor del mundo, gobiernos y organismos internacionales reaccionaron de forma inmediata y polarizada ante la intervención militar.
El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró que la acción militar de Estados Unidos en Venezuela sienta un “peligroso precedente” y manifestó su preocupación por el incumplimiento de las normas del derecho internacional.
En contraste, la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, celebró la acción de Estados Unidos al asegurar que:
“Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la intervención militar en Venezuela y recordó que la Carta de las Naciones Unidas establece textualmente:
“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.
El gobierno mexicano reiteró “enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes”, y reafirmó su disposición a apoyar esfuerzos de mediación que contribuyan a preservar la paz regional.
Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro expresó: “El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”.
El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.
Colombia…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026
