El caso Sandra Domínguez no está cerrado ni tiene carpetazo. Aún falta pagar la reparación del daño a los deudos, reclasificar el delito de desaparición forzada a feminicidio y capturar al resto de los implicados en el secuestro y asesinato de la víctima y su pareja, expuso la activista defensora de los derechos de género Yésica Sánchez Maya.
Denuncia de inacción institucional en el Caso Sandra Domínguez
Sánchez Maya, del Colectivo Consorcio para el Diálogo Parlamentario para la Equidad de Género, reprochó la actuación de la Fiscalía de Justicia en el caso Sandra Domínguez. Señaló que la institución ha olvidado avanzar en la investigación, retrasándola al grado de no reclasificar el delito de desaparición forzada a feminicidio.
Además, añadió, ya no hay operativos ni trabajo para detener al resto de los implicados. Las autoridades tampoco han cumplido con la reparación del daño a la familia —específicamente a los hijos—. Y denunció que se retiró la protección a la hermana y a su mamá, quienes recibieron amenazas de los implicados en el crimen.
Exigencia de justicia y responsabilidad estatal
«El caso no debe ser olvidado, es una deuda pendiente del Estado. Se trató de un delito de lesa humanidad. Seguimos a la espera del avance y los resultados que debe entregar el fiscal general», declaró Sánchez Maya.
La activista considera que, si el caso Sandra Domínguez no avanza, «es por falta de interés y voluntad de las autoridades para generar justicia. Cada día que pasa, ofrecen más impunidad a los asesinos de Sandra. Esto deja abiertos muchos cuestionamientos. Uno de ellos es si fue real la tesis que dieron sobre su muerte, cuando para nosotros los responsables siguen en el Gobierno Estatal».
Finalmente, afirmó que en este 2026 los colectivos exigen que el Estado asuma su responsabilidad por este asesinato, porque a Sandra no debieron desaparecerla ni asesinarla.
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