Las comisiones unidas del Congreso del Estado de México aprobaron este martes una iniciativa para fortalecer la localización de personas desaparecidas. La reforma establece la activación inmediata de alertas nacionales y el acceso obligatorio a bases de datos biométricos. Además, contempla el uso de tecnología como imágenes satelitales y drones para agilizar los procesos de localización.
El dictamen, enviado por el Ejecutivo estatal, recibió el aval de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, y Seguridad Pública. Durante el análisis, legisladores y representantes gubernamentales reconocieron una deuda histórica con las familias de víctimas. Por consiguiente, coincidieron en la urgencia de mejorar la coordinación institucional en estos casos.
Entre los cambios principales, la reforma crea y difunde de manera obligatoria una ficha de búsqueda de alcance masivo. Esta ficha se notificará al Registro Nacional de Población para activar alertas en la Plataforma Única de Identidad. El objetivo es utilizar la Clave Única de Registro de Población de la persona reportada como desaparecida desde el primer momento.
Acceso a datos biométricos y tecnología satelital
La reforma establece la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda al momento de la denuncia. También obliga a las instituciones a permitir el acceso a datos biométricos, registros administrativos y forenses.
Asimismo, contempla el uso de información generada por satélites, drones y otras tecnologías de vanguardia. En consecuencia, se busca reducir los tiempos de respuesta y aumentar la eficacia en las investigaciones.

Durante la discusión, diputados de Morena señalaron que la iniciativa fija obligaciones claras para la Comisión Estatal de Búsqueda. También responsabiliza a las instituciones de seguridad pública, al sector salud y a la Fiscalía General de Justicia.
Buscan evitar que las familias realicen las indagatorias por su cuenta
Los legisladores subrayaron que la reforma busca evitar que las familias sigan cargando con la mayor parte de las labores de búsqueda. Actualmente, los parientes suelen realizar tareas como el rastreo de cámaras de seguridad o la gestión directa de datos. Por lo tanto, la nueva normativa pretende transferir esa responsabilidad a las autoridades de manera oficial y sistematizada.
Desde otras bancadas destacaron que el Estado de México se encuentra entre las entidades con más desapariciones a nivel nacional. Esta crisis incluye casos alarmantes de menores de edad, lo que refuerza la necesidad de mecanismos eficaces. También se planteó la importancia de sancionar a servidores públicos que retrasen o nieguen denuncias, para prevenir la revictimización de las familias afectadas.
Advierten sobre controles estrictos en el uso de datos biométricos
Algunas voces de oposición advirtieron sobre la necesidad de establecer controles estrictos y órganos de vigilancia. El objetivo es proteger la información personal y evitar posibles abusos en el uso de datos biométricos y tecnologías de vigilancia. En consecuencia, la implementación de la reforma requerirá esquemas claros de rendición de cuentas y supervisión independiente.
La iniciativa también contempla garantizar que la Fiscalía Especializada en materia de desaparición cuente con recursos humanos, financieros y técnicos suficientes. Además, propone la creación de unidades multidisciplinarias y áreas especializadas en análisis de contexto y atención a víctimas. Finalmente, el dictamen avanzará al pleno legislativo para su discusión y votación en las próximas semanas.
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