Al menos 20 de los 36 alcaldes que integran el gobierno de Morelos están bajo investigación por presuntas irregularidades administrativas o posibles actos de corrupción, informó el titular de la Fiscalía Anticorrupción de la entidad, Leonel Díaz Rogel.
Estas indagatorias, explicó, forman parte de un paquete de más de 70 carpetas de investigación que recibieron durante el proceso de entrega-recepción realizado en mayo pasado.
Detalló que, en ese conjunto, se identificaron diversos expedientes relacionados directamente con ayuntamientos y autoridades municipales, los cuales están en etapa de integración con miras a su judicialización.
Falta de coadyuvancia municipal frena investigaciones
Díaz Rogel reconoció que uno de los principales obstáculos para avanzar con mayor rapidez en estos procedimientos es la limitada colaboración de los órganos internos de control de los municipios, comisarías y contralorías municipales, que tienen la responsabilidad de vigilar de manera preventiva el correcto uso de los recursos públicos.
En entrevista, destacó la necesidad de que estas áreas participen de forma activa en la detección y denuncia de posibles actos de corrupción.
Precisó que existen carpetas de investigación vinculadas a más de 20 alcaldes, pero insistió en que, sin la coadyuvancia de los órganos internos de control, el proceso se vuelve más complejo.
Opacidad y rezago en rendición de cuentas
Desde 2020, la organización Morelos Rinde Cuentas documenta de manera sistemática el incumplimiento de diversos ayuntamientos en la publicación de presupuestos, así como altos niveles de opacidad en el acceso a la información pública.
De acuerdo con estos registros, la falta de transparencia dificulta conocer con claridad el destino y la correcta aplicación de los recursos estatales y municipales.
El fiscal anticorrupción advirtió que este contexto contribuye a generar condiciones que favorecen la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos y limita la posibilidad de detectar irregularidades de manera oportuna.
Reserva de información para evitar evasión legal
Por tratarse de investigaciones en curso, Díaz Rogel rechazó proporcionar los nombres de los alcaldes o ayuntamientos involucrados, pues podría derivar en acciones legales inmediatas, como la promoción de amparos, que retrasen o entorpezcan la acción de la justicia.
Indicó que, si bien existe acompañamiento de algunas instancias del sistema anticorrupción, la reserva de datos es necesaria para no comprometer el avance de las carpetas.
Reiteró que el objetivo central es que los casos se integren de manera sólida y que, una vez judicializados, puedan resolverse conforme a Derecho.
El fiscal morelense llamó nuevamente a los gobiernos municipales y a sus órganos de control interno a asumir su responsabilidad en la prevención y denuncia de irregularidades, al considerar que la rendición de cuentas es un elemento clave para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones locales.
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