¿Qué pasa con los desalojos forzados y la SCJN?
El aplazamiento del proyecto presentado por la ministra María Estela Ríos González ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió una pausa relevante en la discusión sobre desalojos forzados y derecho a la vivienda en la Ciudad de México. La decisión se produjo tras protestas de colectivos y organizaciones sociales que advirtieron riesgos de regresión en las protecciones vigentes.
El retiro del asunto de la agenda del Pleno no implica su cancelación. Representa una postergación indefinida que deja el tema abierto a revisión, ajustes o eventual reprogramación, en un contexto de creciente tensión social por el acceso a la vivienda.
¿Qué propone el proyecto en discusión?
La propuesta analiza la constitucionalidad del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, reformado en 2019. En términos prácticos, esa reforma eliminó la obligación de reubicar a personas vulnerables antes de ejecutar un desalojo ordenado judicialmente.
Para personas que rentan o enfrentan conflictos de propiedad, el cambio significó una reducción de salvaguardas frente a desalojos, al priorizar el derecho de propiedad sin mecanismos obligatorios de acompañamiento social, mediación o alternativas habitacionales.
Riesgos de los desalojos forzados, señalados por especialistas
Organizaciones de derechos humanos advierten que validar ese marco legal facilitaría desalojos sin garantías adicionales. Sobre todo, para familias de bajos ingresos, personas mayores, migrantes o jefaturas monoparentales. En un entorno de alza de rentas y gentrificación, el impacto podría ser estructural.
El debate no gira solo en torno a la legalidad formal de una orden judicial, sino a si el Estado cumple su obligación de prevenir violaciones al derecho a la vivienda, conforme a estándares constitucionales e internacionales.
¿Qué cambia con el aplazamiento?
El 19 de enero de 2026, tras protestas frente a la SCJN, el proyecto fue retirado de la agenda del Pleno. No se anunció una nueva fecha de discusión. El aplazamiento abre la posibilidad de audiencias públicas, revisión técnica o modificaciones al enfoque original.
También coincidió con el retiro de otros proyectos relacionados con aseguramientos y desalojos, lo que apunta a un momento de cautela institucional ante decisiones de alto impacto social.
La posición de la ministra Ríos González sobre los desalojos forzados
La ministra sostiene que los desalojos ejecutados con orden judicial no constituyen desalojos forzados, siempre que exista debido proceso. Argumenta que otras disposiciones legales garantizan audiencia y protección al derecho a la vivienda adecuada.
Su postura ha generado controversia por su trayectoria previa como consejera jurídica en gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y su cercanía con figuras del actual oficialismo, lo que alimentó cuestionamientos sobre imparcialidad en este caso específico.
📢 #AlMomento || Colectivos y personas despojadas de sus viviendas en la Ciudad de México exigen en la @SCJN desechar el proyecto de la ministra María Estela Ríos que podría avalar la destitución de sus derechos.
📸: @hazelzamm pic.twitter.com/m7kei0vs62
— IMER Noticias (@IMER_Noticias) January 19, 2026
Movilización social y debate público
Colectivos vecinales y organizaciones contra la gentrificación encabezaron las protestas que llevaron al aplazamiento del proyecto. Señalan que la reforma favorece intereses inmobiliarios y contradice estándares internacionales de derechos humanos.
Las movilizaciones marcaron la primera gran protesta contra la nueva integración de la SCJN tras la reforma judicial. En redes sociales, el tema se volvió tendencia, con predominio de mensajes críticos y exigencias de un debate público más amplio.
Un tema aún abierto
El retiro del proyecto no resolvió el fondo del asunto. La discusión sobre desalojos forzados, propiedad privada y derecho a la vivienda sigue pendiente en la Corte.
El desenlace dependerá de si la SCJN opta por validar el marco vigente, introducir correctivos o replantear el equilibrio entre derechos patrimoniales y garantías sociales, en un contexto urbano cada vez más presionado.
Leer también: Policías de Valle de Chalco ejecutan desalojo ilegal
