La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que el exceso de velocidad fue la causa del descarrilamiento del tren de pasajeros ocurrido el 28 de diciembre pasado en el kilómetro Z230+290 de la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en el poblado de Nizanda, Oaxaca, dentro del Corredor Interoceánico.
Al presentar el informe inicial de las investigaciones, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos anunció que se realizan diligencias por la probable comisión de homicidio culposo y lesiones culposas.
Tras expresar su solidaridad con las víctimas y sus familias, aseguró que la institución trabaja “con todas las capacidades” para garantizar justicia.
Atención desde el primer día
Recordó que desde el día del accidente se inició la carpeta de investigación y se desplegó personal ministerial, peritos y policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para atender a lesionados, realizar diligencias y asegurar indicios con cadena de custodia.
Godoy Ramos detalló que se practicaron inspecciones a la vía en el punto del descarrilamiento y en cinco kilómetros previos y posteriores; revisiones al tren, integrado por dos locomotoras y cuatro coches, y la recolección criminalística de indicios.
Asimismo, abundó, se verificó el sistema de acoplamiento, se efectuó el levantamiento topográfico y la localización y extracción de la caja negra de la locomotora siniestrada, además de que se analizó la documentación normativa y técnica del funcionamiento ferroviario.
En esos trabajos, indicó que participaron peritos en criminalística de campo, topografía, fotografía, audio y video, seguridad industrial, tránsito terrestre, informática, telecomunicaciones, electrónica, ambiental, ingeniería mecánica y eléctrica.
También, especialistas en aeronáutica para la lectura e interpretación de la caja negra, policías federales ministeriales que recabaron entrevistas a víctimas y testigos, y se recibieron opiniones de expertos en ingeniería civil y ferroviaria, añadió.
¿Cuál era el límite de velocidad permitido?
La fiscal general explicó que el Horario Ferroviario Vigente establece una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora (km/h) para el tramo del siniestro. Sin embargo, expuso, los registros de la caja negra indican que el tren ingresó a la curva a 65 km/h.
Mencionó que, de acuerdo con los peritajes, no se encontraron daños previos en la superestructura y subestructura ferroviaria -rieles, fijaciones, durmientes, balasto, subbalasto y terraplenes- distintos a los causados por el accidente.
Tampoco se detectaron fallas en ruedas, cejas, superficies de rodadura, zapatas ni en los elementos de acople del tren, cuyo peso aproximado era de 400 toneladas. “Esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado”, subrayó Godoy.
Destacó que la información de la caja negra permitió reconstruir el recorrido: el tren alcanzó hasta 111 km/h en tramos rectos, donde el límite era de 70 km/h, y aunque el sistema de frenado funcionaba correctamente, incluso con detenciones en estaciones previas, posteriormente se registró un incremento súbito de velocidad.
“Luego de haber frenado, la velocidad del tren tuvo un incremento súbito, debido a que el maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro”, anotó.
Godoy Ramos indicó que el exceso de velocidad en trenes es especialmente peligroso por el peso, la masa y el radio de curva, ya que se incrementa la fuerza centrífuga, “lo que provoca que salga de las vías y vuelque”.
Señaló que, con base en dichos elementos, la FGR determinó que no se cumplieron las reglas de operación a cargo de las personas directamente responsables del manejo del tren, por lo que sus ministerios públicos y la AIC realizan diligencias por la probable comisión de homicidio culposo y lesiones culposas.
Sigue el análisis de factores
La fiscal precisó que continúan análisis adicionales -topografía, alineamiento, geometría, geotecnia, calidad de materiales e interacción rueda/riel- para descartar otros factores, aunque el exceso de velocidad ya quedó acreditado.
Dio a conocer que la FGR trabaja con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y la Secretaría de Marina en una Mesa Permanente de Atención a Víctimas.
Ello, para integrar expedientes clínicos, clasificar legalmente las lesiones y avanzar en la reparación integral del daño. “Mantendremos informada a la opinión pública, cuidando en todo momento el debido proceso”, puntualizó.
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